La ONG Amnistía Internacional ha asegurado este lunes que "ningún ataque autoritario silenciará" su lucha por la justicia y que "no cederá" ante las "amenazas" de las autoridades rusas después de que la Fiscalía de Rusia declarara como "indeseables" sus actividades, argumentando que "miembros de la organización apoyan a organizaciones extremistas y financian las actividades de agentes extranjeros".
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha sostenido que la medida de Moscú "forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno ruso por silenciar a la disidencia y aislar a la sociedad civil", por lo que ha considerado que "algo deben estar haciendo bien" los activistas, medios y organizaciones civiles que están siendo ilegalizados por el Kremlin.
"Las autoridades se equivocan profundamente si creen que al etiquetar a nuestra organización como 'indeseable' dejaremos de documentar y exponer las violaciones de Derechos Humanos; todo lo contrario. No cederemos ante las amenazas y seguiremos trabajando con firmeza para garantizar que la población rusa pueda disfrutar de sus Derechos Humanos sin discriminación", ha declarado.
En este sentido, ha asegurado que la ONG seguirá "documentando y denunciando a nivel mundial los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania", subrayando que "redoblará" sus esfuerzos para exponer las atroces violaciones de Derechos Humanos de Rusia "tanto dentro como fuera del país".
AI ha aseverado que "nunca" dejará "de luchar por la liberación de presos de conciencia detenidos por defender los Derechos Humanos ni por la derogación de leyes represivas que impiden a la gente en Rusia denunciar la injusticia". "Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que todos los responsables de cometer graves violaciones de Derechos Humanos, ya sea en Rusia, Ucrania o cualquier otro lugar, comparezcan ante la justicia", ha concluido.
Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a más de 200 organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.
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