Opositores nicaragüenses exiliados condenan que Nicaragua elimine la doble nacionalidad

Opositores nicaragüenses exiliados rechazan la reforma constitucional que anula la nacionalidad de quienes adquieran otra, denunciando un acto que viola derechos humanos fundamentales según el movimiento Unamos

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San José, 17 may (EFE).- Opositores nicaragüenses exiliados repudiaron y condenaron este sábado la reforma a la Constitución Política, propuesta por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses de nacimiento "perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad".

"Ante la más reciente embestida de la dictadura Ortega-Murillo contra los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, Unamos expresa su más enérgico repudio y condena a la promulgación de la ley que despoja de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses que posean doble nacionalidad", expresó desde el exilio en una declaración el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).

"Este acto, carente de toda legitimidad y fundamento jurídico en un estado de derecho, constituye una flagrante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y en los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario", alegó Unamos, presidido por Luis Blandón y Dulce Porras e integrado por disidentes desnacionalizados, entre otros opositores.

Unamos argumentó que "la nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión".

"Con esta nueva medida, la dictadura profundiza su escalada autoritaria, sembrando aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad", continuó.

 Denuncian intento de desterrar a ciudadanos críticos

"Este intento de desterrar cívicamente a ciudadanos críticos y opositores evidencia la desesperación de un régimen que se aferra al poder a costa de la libertad y la dignidad de su pueblo", agregó.

Asimismo, Unamos dijo que alza su "voz con firmeza para denunciar ante la comunidad nacional e internacional esta nueva afrenta contra la ciudadanía nicaragüense".

"Exigimos la inmediata derogación de esta ley infame y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción", añadió.

Ese movimiento político, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada por delitos de "traición a la patria", hizo un llamado "a las organizaciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general a condenar enérgicamente estas acciones dictatoriales".

También "a redoblar sus esfuerzos para exigir el restablecimiento del estado de derecho, la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales en Nicaragua".

 Entrará en vigor en 2026

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en la víspera una reforma a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra nacionalidad.

También que los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria; y en el caso de los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tendrán derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad.

Según Ortega y Murillo, "esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación", y "quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria".

La medida afectará a los nicaragüenses exiliados, opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.

Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.EFE

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