Bogotá, 17 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este sábado del "grave deterioro" humanitario de más de 4.000 personas por enfrentamientos armados entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo en asocio con las disidencias de las FARC en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico.
Así lo manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una visita de dos días a Buenaventura en compañía de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en donde evidenciaron el "grave deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima en el distrito de Buenaventura".
"La persistente presencia y disputa violenta entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias, ha generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas, en su mayoría pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al pueblo wounaan del Resguardo Santa Rosa de Guayana", aseguró Marín en declaraciones divulgadas por su despacho.
Marín recalcó que las comunidades afectadas habían retornado a sus territorios en diciembre de 2023 y junio de 2024 luego de haber estado desplazadas en el coliseo y albergues en el casco urbano de Buenaventura y en Cali, esta última capital del departamento del Valle del Cauca.
"La intensificación del conflicto armado este año ha provocado que las comunidades retornadas estén viviendo nuevamente la violencia", afirmó la funcionaria.
Igualmente, detalló que en la visita evidenciaron que persisten los homicidios selectivos, la presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes.
"Esta situación estaba advertida en la alerta 039/2023. Líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional. Estas dos comunidades piden garantías para su retorno digno y seguro, no quieren volver a desplazarse", concluyó Marín.
En el departamento del Valle del Cauca y su vecino Cauca hay presencia del ELN, de disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de otras bandas armadas que buscan controlar la minería ilegal, la cadena del narcotráfico y la trata de personas, entre otras economías ilícitas de las que se nutren para sostener sus actividades. EFE
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