Lima, 17 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, llegó este sábado hasta la provincia de Pataz, en el norte del país, para supervisar las acciones que realizan las fuerzas de seguridad para combatir a la minería ilegal, que ha incrementado los delitos cometidos por organizaciones armadas, informaron fuentes oficiales.
Arana, quien asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Gustavo Adrianzén, está acompañado por los ministros de Defensa y de Energía y Minas, Walter Astudillo y Jorge Luis Montero, respectivamente; así como por el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeada, y el alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García.
En la zona, el primer ministro supervisa las acciones del 'Comando Unificado' que integran las Fuerzas Armadas junto con equipos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra la minería ilegal.
"Con esta jornada se busca fortalecer las estrategias impulsadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, orientadas a recuperar el control del territorio y frenar el accionar de organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilícita", acotó.
El Ejecutivo peruano reafirmó "su voluntad política de garantizar la presencia del Estado y promover un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas legales en la provincia de Pataz".
Durante esta semana se informó que más de 400 miembros de las fuerzas de seguridad participaron en un gran operativo realizado en una zona agreste de Pataz, donde el pasado fin de semana se hicieron las primeras incautaciones de armamento, municiones y material vinculado a organizaciones criminales que actúan en alianza con la minería ilegal.
Las acciones se realizan como parte del estado de emergencia decretado durante treinta días en la provincia, que incluye un toque de queda desde las 6 de las tarde hasta las 6 de la mañana siguiente, con el "objetivo de enfrentar las redes criminales que operan en la zona, en el contexto de la minería ilegal, y recuperar el control del territorio".
Las medidas fueron dictadas por el Gobierno peruano ante el incremento de las acciones de las bandas criminales vinculadas con la minería ilegal, en una zona dedicada a la extracción de oro donde hace dos semanas fueron asesinados 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrados por organizaciones delictivas. EFE
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