San Salvador, 16 may (EFE).- El Gobierno de El Salvador “atiende” y “dará seguimiento” al caso de desalojo de 300 familias de una comunidad rural en el país, que llevó a sus habitantes a manifestarte para solicitar ayuda y al presidente Nayib Bukele a proponer un impuesto de un 30 % a las donaciones a oenegés.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, indicó este viernes en su cuenta en la red social X que sostuvo una reunión con las familias residentes de la comunidad rural de la localidad de Santa Tecla y miembros de la Cooperativa El Bosque.
De acuerdo con la funcionaria, se ha formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de “la mano con otras instituciones y con las familias”.
Apuntó que “no es un caso fácil, porque como lo explicó nuestro Presidente Nayib Bukele hay una serie de antecedentes” y “muchas familias en el país fueron víctimas de un sistema de corrupción”, del que no detalló.
La noche del lunes, un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron en las cercanías de una exclusiva área residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.
Diversas organizaciones denunciaron el martes la captura del joven abogado Alejandro Henríquez, también defensor de derechos ambientales, y del líder comunitario José Ángel Pérez tras participar en la concentración del lunes, según las ONG.
En este contexto, Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “manipular” a estas personas, sin presentar pruebas, para llevar a cabo la concentración y anunció que enviaría al Congreso una Ley de Agentes Extranjeros.
Dicha normativa establece un impuesto del 30% a las donaciones de las organizaciones sociales, porque, según escribió Bukele en X, las personas fueron “manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas”.
La iniciativa fue anunciada por el mandatario luego de la concentración y aseguró que los recursos serían destinados a la ayuda de las personas que serían desalojadas.
Según trascendió este viernes en medios locales, un juzgado salvadoreño ha dejado sin efecto el desalojo, programado para el 22 de mayo, por lo que no se estaría ejecutando.EFE
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