Quito, 16 may (EFE).- Sonia Vera, abogada del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, aseguró este jueves que la inclusión de su defendido y de otros allegados al correísmo dentro de la investigación por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio es un "nuevo montaje" de la Fiscalía, al basarse en el testimonio no comprobado de un abogado vinculado a un cabecilla de una banda criminal e involucrado en una trama de corrupción judicial.
En un mensaje publicado en redes sociales, Vera afirmó que el argumento tomado por la Fiscalía para incluir a Glas y otros correístas en la investigación es "una versión no juramentada, sin control judicial, rendida el 4 de abril de 2024 por un criminal confeso, Lenín Vimos Vimos (V.V.L.J.)", abogado de Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, condenado por secuestro y por intimidación contra la fiscal general, Diana Salazar.
"En su declaración, afirma que Jorge Chonillo Mendoza ('Chonillo') —quien fue asesinado dos días después— le habría revelado la existencia de una supuesta estructura criminal encabezada por actores políticos", contó la abogada.
"No existe ni una sola prueba material que respalde esa afirmación: no hay audios, ni mensajes, ni registros de llamadas, ni testigos independientes. Solo la palabra de un sentenciado que busca beneficios judiciales y protección para su esposa, también procesada", añadió.
De acuerdo a ese testimonio, el asesinato de Villavicencio costó supuestamente un millón de dólares y en su preparación menciona a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo junto al ahora exasambleísta correísta Ronny Aleaga, imputados por corrupción, así como a Glas y a José Serrano, exministro del Interior durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Para Vera se trata de "otro montaje más en construcción: el nuevo falso positivo contra Jorge Glas y otros líderes políticos"
"Este relato, sin evidencia ni contrastación, ha sido acogido por la Fiscalía como si se tratara de una prueba legítima, pero cualquier estándar mínimamente serio exige que las declaraciones de criminales condenados sean corroboradas con pruebas independientes, materiales y verificables. Nada de eso ocurrió aquí", añadió.
La abogada concluyó que "estamos, por tanto, ante un nuevo falso positivo judicial, en el que el aparato penal se utiliza para construir causas a medida, desviar la atención pública y judicializar la oposición bajo la apariencia de legalidad".
Además de Glas, la Fiscalía incluyó en la investigación preliminar a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán.
Serrano señaló a través de un comunicado en redes sociales que no tiene contacto con Glas desde 2017 y coincidió en señalar del testigo es "grotesca e inverosímil" por lo que denunció que "pretenden fabricar una narrativa penal falsa".
Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023, y horas antes de la votación se filtró una declaración a la Fiscalía de un testigo protegido que aseguraba que detrás del asesinato de Villavicencio estaba el Gobierno de Correa, algo que no pudo ser comprobado en el juicio contra los autores materiales del crimen.
Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, recientemente catalogó a ese testigo como un "falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables" y aseguró que la fiscal Salazar la "presionó" para que señale en sus redes sociales a Correa como el responsable del crimen de su esposo, algo que el Ministerio Público aseguró que "carece de fundamentos" y "es falso".
Hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos un cabecilla de la banda criminal Los Lobos.
Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió aparentemente tiroteado por los escoltas del candidato y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta ahora.
Glas, procesado y sentenciado por delitos de corrupción, está citado para declarar en el caso de Villavicencio el 21 de mayo desde La Roca, la cárcel de máxima seguridad en donde está recluido desde abril de 2024, tras la invasión que hizo la Policía a la Embajada de México en Quito para detenerlo, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La fiscal general Diana Salazar ha sido objeto de críticas y de intentos de destitución por parte del correísmo, señalada por esta fuerza política de ser parte de un 'lawfare' contra sus líderes, entre ellos el expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por cohecho en 2020 y con estatus de refugiado en Bélgica. EFE
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