Ciudad de Panamá, 15 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció este jueves la investigación de al menos seis casos por vulneración derechos humanos durante las protestas en contra una serie de iniciativas del gobierno de José Raúl Mulino, que corren por la tercera semana.
"La Defensoría del Pueblo en atención a su mandato legal y constitucional y atendiendo las directrices de la oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas, hemos estado en cada una de las protestas", dijo el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc.
Leblanc agregó que esa "observación corresponde no solo a estar en las calles verificando que la derecho a la protesta se dé de forma pacífica, sino también hemos estado en diferentes clínicas, hospitales y estaciones de policía".
Así, "como resultado de este proceso de observación" la Defensoría del Pueblo de Panamá "mantiene seis investigaciones abiertas a nivel nacional por posibles vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las protestas", según un comunicado de la defensoría.
Esas investigaciones, añade en el comunicado, "están en proceso de recolección de evidencias que forman parte de un informe preliminar con las recomendaciones surgidas del monitoreo realizado hasta la fecha".
Por ello, la defensoría instó "a los estamentos de seguridad del Estado a mantener el uso proporcional y diferenciado de la fuerza durante los procedimientos de despeje de vías, conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos".
Así, la institución recordó que "el derecho a la protesta pacífica, aunque fundamental, no está por encima del bienestar colectivo ni del respeto a los derechos de otras personas, por lo que hace un llamado a ejercer este derecho de manera responsable, sin afectar el acceso a servicios esenciales, la libre circulación ni la seguridad de la población".
Algunos sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida para obligar al Gobierno a derogar la reforma a la seguridad social que consideran neoliberal. El sindicato de la construcción, Suntracs, se sumó el 28 de abril y también el de la industria bananera.
La huelga educativa y de la construcción se desarrolla a medias, pero la industria bananera está paralizada. Hay diariamente protestas callejeras en la capital y algunas otras ciudades que obstruyen parcialmente algunas vías.
La situación más grave se registra en dos de las diez provincias de Panamá, como son Veraguas y Bocas del Toro, donde pequeños grupos, especialmente de indígenas, bloquean con árboles o piezas de concreto la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo conecta con Centroamérica, ante lo cual las fuerzas antimotines actuúan para despejarla.
En Bocas del Toro (Caribe, frontera con Costa Rica) el sindicato de la industria bananera ha bloqueado varios puntos de la provincia, donde ya escasean productos y la transnacional Chiquita registra pérdidas millonarias, ante lo cual anunció el cierre definitivo de una finca y una empacadora y trasladó a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.
El Gobierno se ha mostrado reacio a estas protestas mientras que grupos indígenas y otros manifestantes acusan a la Policía de hacer un uso desmedido de la fuerza durante las mismas.
Hoy mismo el presidente panameño dijo: "Yo no voy a permitir que este país quede secuestrado otra vez por el Suntracs", el sindicato de la construcción, "o los amigos del Suntracs. Al costo que sea este país no se va a trancar". EFE
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