Corte Suprema de EE.UU. está cautelosa ante restricciones a ciudadanía impuestas por Trump

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que se muestra cautelosa a la hora de permitir que el presidente Donald Trump comience a restringir la ciudadanía por nacimiento, mientras los magistrados debatían cuánto poder deberían tener los jueces federales para bloquear las controvertidas políticas de la Casa Blanca en todo el país.

Tras escuchar por primera vez los argumentos orales sobre la reforma del gobierno de Trump, los conservadores del tribunal sugirieron que quieren limitar el uso de las llamadas “medidas cautelares” a nivel nacional. Sin embargo, jueces clave expresaron su preocupación por hacerlo de una manera que permita que las restricciones a la ciudadanía por nacimiento previstas por Trump entren en vigor antes de que el alto tribunal pueda pronunciarse sobre su legalidad.

La orden ejecutiva de Trump del 20 de enero, que anularía un derecho constitucional de larga data, fue diseñada para entrar en vigor en un plazo de 30 días. El gobierno afirma que los tres jueces federales que han bloqueado la política en todo el país deberían haber limitado sus órdenes a las partes implicadas en los litigios.

“¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué hacen los hospitales con un recién nacido? ¿Qué hacen los estados con un recién nacido?”, preguntó el juez conservador Brett Kavanaugh a un abogado de la administración Trump. “Solo van a tener 30 días para hacerlo. ¿Creen que pueden organizarse a tiempo?”

La orden ejecutiva de Trump acabaría esta norma constitucional vigente desde hace mucho tiempo según la cual prácticamente cualquier persona nacida en territorio de EE.UU. se convierte automáticamente en ciudadano. Su enfoque restringiría la ciudadanía por nacimiento a los bebés que tengan al menos un progenitor que sea ciudadano o residente permanente. Los recién nacidos que no cumplan los nuevos criterios no podrían obtener documentos basados en la ciudadanía, como tarjetas de la Seguridad Social y pasaportes.

Según los documentos judiciales, la orden significaría que hasta 300.000 bebés nacidos cada año dejarían de ser ciudadanos. Además, los críticos afirman que crearía complicaciones para millones de otras familias, ya que obligaría a los padres a demostrar su propia ciudadanía cuando nace un bebé y obligaría a las ciudades y los estados a crear rápidamente nuevos sistemas para expedir certificados de nacimiento y verificar la ciudadanía.

Los jueces liberales del tribunal dejaron claro que consideraban inconstitucional la orden ejecutiva. “En mi opinión, esta orden viola cuatro precedentes de la Corte Suprema”, afirmó la jueza Sonia Sotomayor.

Los jueces no están considerando directamente la legalidad de la iniciativa de Trump en este momento. Los críticos dicen que Trump está tratando de revocar unilateralmente parte de la 14ª Enmienda, que confiere la ciudadanía a cualquier persona nacida en EE.UU. y “sujeta a su jurisdicción”. La 14ª Enmienda se añadió a la Constitución tras la Guerra Civil, en 1868, en medio de dudas sobre la situación legal de las personas que habían sido esclavizadas.

La Corte Suprema dictaminó en 1898 que la disposición se aplicaba a un hombre nacido en California de padres chinos, y el tribunal reforzó esa decisión en una sentencia de 1982 que respaldaba el derecho de los niños inmigrantes indocumentados a asistir a la escuela pública. El Congreso ha promulgado garantías similares por ley.

Varios jueces indicaron que quieren pronunciarse rápidamente sobre la legalidad de la orden ejecutiva. “¿Cómo podemos llegar rápidamente al fondo del asunto?”, preguntó el juez conservador Neil Gorsuch.

El fiscal general D. John Sauer, máximo representante del gobierno ante la Corte Suprema, afirmó que los jueces habían dictado 40 medidas cautelares en todo el país bloqueando las políticas de Trump desde que este asumió el cargo. Sauer afirmó que esos jueces estaban excediendo su autoridad constitucional.

“Se trata de un problema bipartidista que se ha prolongado durante las últimas cinco administraciones presidenciales”, afirmó Sauer.

Ese argumento encontró una audiencia receptiva entre los conservadores del tribunal. Los jueces federales “son vulnerables a una enfermedad profesional, que es la enfermedad de pensar que tengo razón y que puedo hacer lo que quiera”, dijo el juez Samuel Alito.

Pero la jueza Elena Kagan cuestionó si la solución era proscribir las órdenes judiciales a nivel nacional. “Mire, hay todo tipo de abusos de las órdenes judiciales a nivel nacional”, le dijo a Sauer. Pero, añadió, “si uno piensa que está bastante claro que la orden ejecutiva es ilegal, ¿cómo se llega a ese resultado, en qué plazo, con su conjunto de normas y sin la posibilidad de una orden judicial a nivel nacional?”

Cuando Sauer respondió que varios tribunales inferiores deberían pronunciarse antes de que la Corte Suprema decidiera la cuestión para todo el país, recibió una fuerte respuesta de la jueza conservadora Amy Coney Barrett. “¿De verdad va a responder a la jueza Kagan diciendo que no hay forma de hacerlo rápidamente?”, preguntó.

Sauer mantuvo la posibilidad de que el caso pudiera avanzar rápidamente como una demanda colectiva, pero dijo que el gobierno se reservaba el derecho de oponerse también a esa vía.

La orden ejecutiva de Trump está siendo impugnada en tres demandas presentadas por mujeres embarazadas, organizaciones de derechos de los inmigrantes y 22 estados gobernados por demócratas, además del Distrito de Columbia. En cada caso, un tribunal federal de apelaciones se negó a intervenir después de que un juez de primera instancia bloqueara la orden ejecutiva en todo el país.

Los casos son Trump v. CASA, 24a884; Trump v. Washington, 24a885; y Trump v. New Jersey, 24a886.

Nota Original: Supreme Court Wary of Letting Trump Citizenship Curbs Start (1)

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--Con la colaboración de Erik Larson y Ryan Chua.

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