
Redacción Medioambiente, 14 may (EFE).- Los impulsores de la mayor batalla legal sobre cambio climático esperan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte su opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados en esta crisis el próximo verano, para que pueda impulsar un resultado más ambicioso en la COP30.
Vanuatu, un archipiélago del Pacífico Sur y uno de los países más afectados por la crisis climática, es el impulsor inicial de esta iniciativa, que llevó a la Asamblea General de la ONU a pedir a la CIJ una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados ante el cambio climático y sus consecuencias legales.
A raíz de esta petición, la CIJ llevó a cabo el pasado diciembre dos semanas de audiencias en La Haya en las que hablaron más de 100 Estados y organizaciones, de cara a dar una opinión legal no vinculante.
El Gobierno de Vanuatu calcula que la decisión llegará este verano, confirmó este miércoles en un encuentro virtual con periodistas el ministro de Adaptación al Cambio Climático, Ralph Regenvanu, que tiene la esperanza de que, de esa forma, pueda ser una "herramienta extra" en las negociaciones de la COP30 que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre.
"Si recibimos una opinión consultiva firme, aproximadamente en agosto, podremos trabajar con ella en la Semana del Clima y luego en la COP. Creo que puede ser algo que marque la diferencia este año", afirmó Regenvanu, que admitió que normalmente acude a las cumbres del clima con "pesimismo".
A pesar de que la decisión de la CIJ no será vinculante, tiene "importancia histórica porque es la primera vez que el tribunal más importante del mundo aborda la crisis climática" y, ante todo, busca "claridad legal" en un momento en el que es muy necesaria, defendió el ministro vanuatuense.
Regenvanu consideró que, tras las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo de París e impulsar la minería submarina, la opinión de la CIJ se ha vuelto "definitivamente más importante".
Esas acciones de Trump "muestran que Estados Unidos no está respetando el proceso multilateral", y la Corte Internacional podrá clarificar las obligaciones que tienen los Estados.
"En un contexto en el que observamos un debilitamiento del multilateralismo en muchos ámbitos, creo que el fortalecimiento del derecho internacional a través de estas opiniones consultivas será la contrapartida", insistió el ministro.
Regenvanu recordó que, en 2023, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ya dictó otra opinión consultiva que establecía que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para reducir las emisiones y proteger los océanos, y espera que la CIJ pueda seguir sus pasos con una contundencia similar.
En el encuentro también participó Margaretha Wewerinke-Singh, una de las asesoras legales de Vanuatu, que explicó que, aunque la Corte no da "pistas" sobre qué decisión tomará, durante las audiencias pudieron percibir algunas señales no verbales.
"Vimos cómo a veces asentían cuando se presentaba un argumento particularmente importante. Eso nos da algo de esperanza, al menos demuestra que los argumentos han sido recibidos. Cuatro jueces también hicieron preguntas a los participantes al final de las audiencias, lo que también indica que comprenden lo que está en juego", aseveró.
La asesora dijo que el día que la CIJ emita su opinión "comienza el trabajo duro".
En ese momento, presionarán para que la Asamblea General de la ONU apruebe una resolución que acoja la decisión y exija su implementación.
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