San José, 14 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles como un "circo" los allanamientos y detenciones efectuados por las autoridades judiciales por un caso de supuesta corrupción en una contratación de 39,9 millones de dólares para la reparación en el 2023 de la pista de un aeropuerto internacional.
"Eso no fue un show siquiera, fue un circo, un desperdicio de recursos, una afrenta a la conciencia nacional, un acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica. No fue una simple acción judicial o un operativo, fue una ópera bufa para hacer el ridículo", declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.
Chaves, quien constantemente critica al fiscal general Carlo Díaz, al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, a jueces, magistrados y al Poder Judicial en general, aseguró que el operativo se trató de "una acción intimidatoria para que mis colegas de Gobierno no hagan lo que tengan que hacer cuando haya que hacerse".
Las autoridades judiciales de Costa Rica efectuaron el martes 22 allanamientos en los que detuvieron a funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno por la presunta contratación irregular por 39,9 millones de dólares para la reparación en 2023 de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, ubicado en la provincia de Guanacaste (oeste).
La Fiscalía Adjunta de Transparencia y Anticorrupción informó que el operativo respondió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Detuvo al exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla; al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; al director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y al jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
Según la Fiscalía, el caso se refiere a una serie de supuestas irregularidades con un decreto de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto, principalmente en que "la emergencia se justificó falsamente al atribuir los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales".
Eso permitió "habilitar una contratación por 39,9 millones de dólares adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A." sin contar con la fiscalización de la Contraloría General de la República, detalló la Fiscalía.
La investigación también indica que la reparación fue superficial y no integral, lo cual "dejó la base dañada comprometiendo la seguridad de la pista".
El presidente Chaves defendió la legalidad de la contratación y los criterios técnicos utilizados para evitar un accidente aéreo o el cierre del aeropuerto.
"Los funcionarios que se encuentran en la fiscalía y el OIJ en el mejor de los casos son incompetentes y arbitrarios", expresó el presidente.
El mandatario también anunció el veto de una ley que busca permitir que las autoridades judiciales realicen allanamientos a cualquier hora del día.
"No voy a firmar una ley más que le dé más instrumentos a esos señores y a sus jefes de la Sala Tercera para seguir amedrentando y aplicando la ley como les parece y a quienes les parece. Uno no le da alas a animales ponzoñosos", manifestó. EFE
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