El presidente de la CHG destaca el "cambio sustancial" de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) para verter al río

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha declarado este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; defendiendo las actuaciones de su institución en el marco del "cambio sustancial" promovido por la nueva empresa gestora del recinto al objeto de verter en el río Guadalquivir y no en el Agrio, afluente del Guadiamar.

En su comparecencia como testigo, Joaquín Páez ha explicado que cuando en 2018 desembarcó en la Presidencia de la CHG afrontó ya diferentes aspectos relacionados con las autorizaciones previamente solicitadas por Minera Los Frailes, la sociedad de propósito creada por Minorbis y Grupo México para la nueva gestión de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); con el conocido macro vertido contaminante al río Guadiamar.

Según ha precisado, "desde 2017" la CHG estaba tramitando las solicitudes de Minera Los Frailes para que en la nueva etapa de explotación de la mina, que actualmente sigue pendiente de los últimos permisos mineros; el recinto vertiese al río Agrio, afluente del río Guadiamar, objeto este último del gran episodio de contaminación de 1998.

Al respecto, Páez ha rememorado la "controversia" derivada de dicha petición, razonando que la catástrofe natural derivada del vertido masivo de residuos de metales pesados de la balsa de la mina de Aznalcóllar al río Guadiamar sigue siendo "un accidente que no se va a olvidar nunca", dicho río es actualmente "uno de los más controlados de Europa" en materia medioambiental y la propuesta de vertido incluía cadmio y mercurio.

"SERÍA MÁS FÁCIL" LA OPCIÓN DEL GUADALQUIVIR

Fue en ese marco, según ha explicado, en el que la CHG trasladó a la empresa las exigencias técnicas para un vertido hacia un cauce del dominio público hidráulico, bajo la premisa de que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para una autorización como la reclamada; y a su entender los responsables de Minera Los Frailes optaron entonces por reconducir el vertido hacia el río Guadalquivir, perteneciente al dominio público marítimo terrestre, porque de ese modo "sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos", planteamiento que ha expuesto imaginando el razonar de los responsables de Minera Los Frailes.

Y es que según ha remarcado, los técnicos de la CHG le "aseguraron" que el vertido propuesto inicialmente por la empresa al río Agrio "no iba a cumplir" con los requisitos necesarios para que la institución lo autorizase.

Fue así, según ha recordado, cómo en 2021, Minera Los Frailes "desistió" finalmente de su solicitud inicial de verter al río Agrio y optó por solicitar una autorización para un vertido al río Guadalquivir, extremo que cuenta actualmente con el rechazo frontal del conjunto de las organizaciones ecologistas por su supuesto impacto.

TODO UN "CAMBIO SUSTANCIAL"

Aquella maniobra, según ha asegurado, supuso un "cambio sustancial" en toda regla del proyecto original de la empresa en materia de aguas, si bien en paralelo, el presidente de la CHG ha reconocido que él no ha leído personalmente los informes técnicos emitidos con relación a la nueva propuesta de vertido.

De otro lado, el presidente de la CHG ha precisado que un informe elaborado por un jefe de Servicios de Agua de su institución a instancias del Juzgado de Instrucción fue redactado por dicho técnico "como perito judicial" solicitado por dicha instancia, pero "no en nombre de la CHG"; explicando que el Juzgado solicitó que un técnico de la institución actuase "como perito judicial" y el anterior presidente de la CHG consideró "pertinente" acceder a ello, con la emisión de dicho informe cuya oficialidad ha ratificado y cuyo contenido desconoce, según ha asegurado.

Además, Joaquín Paéz ha manifestado que no conoce "para nada" los aspectos del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de esta mina, al que concurrieron las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.

LOS DOS SOBRESEIMIENTOS DEL CASO

Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.