La CIDH condena el asesinato de 13 personas en una zona minera del norte de Perú

La CIDH exige al Estado peruano actuar frente al crimen organizado tras el hallazgo de 13 mineros asesinados en Pataz, región en emergencia por la violencia y la minería ilegal

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Lima, 12 jul (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes el asesinato de 13 trabajadores de una mina en la provincia peruana de Pataz por parte, presuntamente, de bandas vinculadas a la minería ilegal, y pidió al Estado prevenir la creciente violencia en esa zona del país.

La CIDH señaló que las víctimas fueron secuestradas por un presunto grupo armado y sus cuerpos encontrados el pasado 4 de mayo con signos de haber recibido "tratos crueles, inhumanos y degradantes", según el mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Expresó que el Estado peruano debe prevenir la creciente violencia en la región de Pataz, e investigar, juzgar, y sancionar a los responsables del secuestro y asesinato de las 13 personas.

El pasado 4 de mayo, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de los trabajadores de la mina Poderosa, que habían sido secuestrados en la provincia de Pataz, que lleva un año declarada en emergencia y cuyo control ha sido entregado a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado y la minería ilegal.

Sin embargo, una serie de gremios empresariales y del sector minero han denunciado que, a pesar de las medidas del Ejecutivo, se vive un descontrol en la zona de Pataz por el avance de la minería ilegal, que se ha convertido en una de las actividades ilícitas más poderosas en el territorio peruano.

A raíz de este asesinato, el Congreso de Perú debatirá y votará el miércoles cuatro mociones de censura presentadas por las bancadas parlamentarias para pedir la destitución del primer ministro, Gustavo Adrianzén, por no haber sido capaz de frenar la ola de inseguridad criminal en el país.

Lima y la provincia de Callao, donde vive un tercio de la población peruana también se encuentra declarada en emergencia ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

Al comentar las mociones presentadas en su contra, el primer ministro las aceptó como parte de la práctica parlamentaria, pero remarcó que pueden afectar la lucha contra la criminalidad, ya que la salida de un primer ministro conlleva la del gabinete en pleno.

"Mi vocación de renuncia es absoluta y permanente. Si yo supiera que dar un paso al costado renunciar significaría una mejora en este proceso, no dudes que lo haría", respondió Adrianzén ante la consulta de un periodista. EFE