El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones que prestó Telefónica en 2022 fue de 5,38 millones

El ajuste del coste neto en zonas no rentables y la nueva metodología de cálculo se alinean con la Ley General de Telecomunicaciones para facilitar el acceso equitativo a servicios básicos

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El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones prestado por Telefónica en 2022 ascendió a 5,38 millones de euros, un 11,5% menos que en 2021, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicadas este jueves.

El servicio universal garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a una serie de servicios básicos de telecomunicaciones, con independencia de su localización geográfica o situación económica.

Competencia ha explicado que, tal y como se hizo en 2021, el coste neto de zonas no rentables correspondiente a 2022 ha sido ajustado respecto del valor presentado por Telefónica con el fin de incorporar el proceso de desmantelamiento de su red de cobre.

Este ajuste, afirma la CNMC, permite reflejar de mejor manera el coste para Telefónica de proveer la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a Internet a 1 Mb/s en zonas no rentables desde todo el territorio.

Además, Competencia ha mejorado el cálculo del abono social al separar los clientes por tecnologías (cobre, fibra y radio), lo que permite una estimación más precisa del coste real soportado por Telefónica al ofrecer este servicio a jubilados y pensionistas con bajos ingresos.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros.

Por ello, la CNMC también determinará, en un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.

La CNMC está trabajando en una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el Servicio Universal que se adaptará al marco normativo introducido por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Esta metodología se aplicará a partir del ejercicio 2023.

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