Puntos de distribución y contratistas estadounidenses: el plan israelí para ayuda en Gaza

Paula Bernabéu y Patricia Martínez

Jerusalén, 5 may (EFE).- El gabinete de seguridad israelí aprobó anoche expandir la ofensiva en Gaza, además de un plan para reanudar y restringir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja tras más de dos meses de cerco, rechazado por la ONU y las ONGs que operan en el enclave palestino.

El plan, con el que el Gobierno israelí pretende -según fuentes gubernamentales- "evitar que Hamás tome el control de los suministros", fue presentado por Israel en Tel Aviv el pasado viernes a varias ONGs y a la ONU, informaron a EFE varias organizaciones.

Esta semana las autoridades israelíes tienen previstas reuniones individuales con organizaciones humanitarias a fin de lograr apoyos al plan, indicó un trabajador humanitario.

¿Qué implica la visión del Gobierno israelí con la que planea controlar la distribución de suministros entre la población civil? EFE ha hablado con cinco fuentes de diferentes organizaciones humanitarias -dos oenegés y tres agencias de la ONU- informadas sobre este nuevo plan.

El plan israelí apoya la creación de "cuatro o cinco" centros de distribución solo en el sur de Gaza y potencialmente un centro adicional bajo el área militar de Netzarim (centro), ubicada al sur de Ciudad de Gaza.

El modelo de entrega propuesto por Israel evita que la ayuda se almacene: unos 60 camiones entrarían a diario -una décima parte de lo que entró diariamente durante el alto el fuego- con paquetes de 20 kilos de ayuda humanitaria, mayormente alimentos, que serán recogidos por cabezas de familia.

Lo mismo ocurre con la comida caliente: esta sólo podrá salir de los centros de distribución del Ejército, sin la existencia de cocinas comunitarias, como hasta ahora, dirigidas por oenegés como World Central Kitchen o panaderías que antes eran apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos.

Toda la ayuda humanitaria entraría por el cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, y solo oenegés registradas en Israel podrán operar en estas zonas humanitarias, lo que excluye a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), vetada por el Gobierno israelí desde finales de enero pese a ser el mayor proveedor de asistencia en Gaza.

Una vez dentro del enclave, la ayuda viajará a estos centros bajo la protección de contratistas de seguridad estadounidenses, que también estarán dentro y alrededor de los puntos de distribución. Sin embargo, toda la distribución directa y el contacto con los palestinos estaría a cargo de trabajadores humanitarios no gubernamentales.

Según una de las ONG con la que habló EFE, los centros de distribución estarían siempre "dentro de la línea de visión directa" de puestos militares israelíes, lo que podría provocar ataques de soldados, y se ha barajado que los gazatíes sean sometidos a un chequeo de reconocimiento facial o biométrico a fin de monitorizar quién accede a la ayuda.

Según esta organización, si bien Estados Unidos apoya el plan, este país no ha aclarado si pretende pagar por la seguridad privada para los convoyes o las propias operaciones de entrega de ayuda. Israel asegura que Hamás ha desviado unos 500 millones de dólares de ayuda humanitaria en Gaza, aunque dicha acusación no ha sido respaldada por ninguna evidencia.

"Lo único que queremos es ayudar a los necesitados, pero es inaceptable que nos convirtamos en un peón de la estrategia militar de Israel", aseguró a EFE una trabajadora humanitaria cuya organización opera en Gaza.

Esta fuente reiteró que Israel, como potencia ocupante y parte del conflicto, no puede decidir quién será o no beneficiario de la ayuda, ya que su distribución debe estar guiada por la necesidad y no por estrategias militares. Atentaría, dijo otra fuente, contra los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad.

Las oenegés aseguran temer brotes de violencia entre una población desesperada, además de arrestos arbitrarios en los puntos de distribución. Más de 400 trabajadores humanitarios han muerto, la gran mayoría por fuego del Ejército desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según las Naciones Unidas.

Anoche, en un comunicado conjunto, agencias de la ONU y representantes de oenegés, internacionales y palestinas, que operan en Gaza manifestaron su oposición al plan israelí, al decir que obliga a civiles a acudir a zonas militarizadas para recoger raciones y dificultar a los más vulnerables llegar hasta ellas.

"Entendemos que se trata del suministro de cantidades limitadas de recursos, principalmente alimentos, bajo un marco militar que no está diseñado para satisfacer las necesidades básicas de las personas y que deja a muchos gazatíes atrás", dijo hoy a EFE un funcionario de la ONU. EFE