Lima, 4 may (EFE).- El alcalde del municipio peruano de Pataz, Aldo Carlos Mariño, expresó este domingo su repudio y rechazo por el asesinato de 13 trabajadores dentro del territorio de su localidad, que habían sido secuestrados por presuntos mineros ilegales hace una semana en el yacimiento aurífero Poderosa.
Mariño dijo a la emisora RPP que repudia y rechaza "este acto delincuencial terrorista", tal como calificó al secuestro y asesinato de los 13 trabajadores que daban servicios a una empresa contratada por Poderosa.
La autoridad municipal expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y pidió a Poderosa que se haga responsable de los deudos de estos trabajadores.
Asimismo, Mariño se quejó, en declaraciones al Canal N, que la Policía Nacional aún no había identificado a las bandas criminales que atacan en Pataz a las mineras formales, a pesar de que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en esa zona hace más de un año para combatir el crimen organizado que atenta contra los yacimientos de extracción de oro en esta región.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron encontrados con disparos en la cabeza y cuello, tras ser maniatados, y los restos fueron recuperados por la Policía Nacional, según imágenes compartidas por el portal Epicentro TV y el programa dominical Panorama en sus cuentas de la red social X.
Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, confirmaron al canal América Televisión que los 13 trabajadores que brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa han sido hallados muertos.
El pasado viernes, la minera Poderosa reportó que mineros ilegales coludidos con criminales, secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal con quien la empresa mantiene un contrato de explotación.
La compañía expresó una profunda preocupación y solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó que el clima de violencia continúe escalando en la región, afectando a quienes desarrollan sus actividades laborales en la zona.
Detalló que este "lamentable evento" se produjo después de que criminales atacaran la operación del minero artesanal para tomar el control de la misma.
La mina de oro se sitúa en la provincia de Pataz, en el departamento norteño de La Libertad, y fue declarada en emergencia por el Gobierno debido al aumento del crimen organizado ligado a la minería ilegal, que ha provocado varios ataques contra mineros y su infraestructura. EFE
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