
Ciudad de México, 3 may (EFE).- Con solo 27 años, Cynthia Ortiz Monroy, la candidata más joven en aspirar a un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defiende en una entrevista con EFE que la edad no es impedimento para ser una opción real de formar parte del Poder Judicial en México que celebra una inédita elección el 1 de junio.
También defiende una visión de justicia interseccional y cercana a las calles, motivada por años de activismo y experiencia directa en casos de injusticia social.
Ortiz, quien se ubica con el número 23 en las boletas moradas, comenta que su activismo comenzó a los 17 años cuando decidió acercarse a víctimas de trata en el basurero del popular municicipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México, vecino a la capital.
Su experiencia más profunda ocurrió cuando una madre lamentó haberla conocido demasiado tarde para salvar a su hija. Desde entonces, asegura, se comprometió a generar cambios profundos desde diversas trincheras.
“No puedo irme de este mundo junto con mis compañeras sin hacer ningún tipo de cambio”, afirma la candidata, quien también ha trabajado en el sector público, en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Agencia Nacional de Aduanas.
Juventud ¿oportunidad o reto?
Ortiz reconoce que su juventud es tanto ventaja como desventaja, ya que enfrenta críticas constantes sobre su supuesta falta de experiencia judicial.
“La edad no define; la trayectoria y el conocimiento sí”, defiende Ortiz, recordando que la mayoría de ministros históricamente tampoco tuvieron trayectoria judicial previa, mientras aspira a un cargo que no ha sido ocupado por una persona menor a los 50 años.
Ortiz plantea tres propuestas centrales: erradicar las redes de corrupción en defensas privadas, socializar el derecho para hacerlo entendible a la ciudadanía, y crear un centro móvil de asesoría jurídica gratuita, especialmente enfocado en comunidades vulnerables.
Sesgos del sistema judicial
También critica que históricamente los espacios judiciales hayan estado reservados para personas provenientes de contextos privilegiados, denunciando prácticas discriminatorias y elitistas dentro del propio Poder Judicial.
Ortiz enfatiza que la justicia debe acercarse a las personas y cuestiona la indiferencia del Poder Judicial ante los casos que implican sesgos de clase, género y raciales.
Red de "coyotes"
Critica de forma enfática lo que llama una “red de coyotes”, abogados privados que, según denuncia, estafan a familias vulnerables, manteniendo injustamente encarceladas a personas inocentes.
“No es posible que simplemente las personas por no conocer el derecho, por no tener privilegios económicos, políticos o intelectuales (estén criminalizados) (...) porque la realidad es que quien accede al derecho son quienes tienen este tipo de privilegios, quienes pueden pagar una buena defensa”, señala Ortiz.
En este sentido, considera esencial erradicar estas redes mediante una profunda reforma del sistema jurídico que incorpore perspectivas sociológicas e interseccionales, es decir que se pueda juzgar con criterios a partir del género, de la condición socio económica, racial entre otros.
Reforma más amplia
Otro aspecto relevante que aborda la joven candidata es la necesidad urgente de reformar no solo el Poder Judicial, sino también las fiscalías y todo el sistema penal mexicano desde su raíz.
La candidata reconoce que este proceso electoral no tiene “piso parejo”, ya que enfrenta candidatos con mayores recursos económicos y políticos. Sin embargo, asegura confiar en la limpieza del proceso inicial que la llevó a ser candidata.
Ortiz, hace un llamado urgente a votar en el proceso electoral del próximo 1 de junio, utilizando la boleta morada y marcando el número 23.
“La Suprema Corte no es una meta personal, es una herramienta colectiva necesaria y no tenemos de otra más que ocupar estos espacios para poder tener una vida que gozar y una dignidad que se sienta”, concluye.
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