Gobierno niega influencia política en clasificación de AfD como caso seguro de extremismo

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Berlín, 2 may (EFE).- La ministra alemana del Interior en funciones, Nancy Faeser, dijo este viernes que no ha habido influencia política en la nueva clasificación de Alternativa para Alemania (AfD) como "caso seguro de extremismo de derechas" por parte del espionaje interior, y recordó que para una prohibición existen importantes obstáculos.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán), "tiene un claro mandato legal de actuar contra el extremismo y proteger nuestra democracia, y para ello trabaja con independencia", dijo Faeser en una comparecencia ante la prensa en Berlín.

La ministra agregó que "la nueva categorización es el resultado de una revisión exhaustiva y neutral, que se recoge en un informe de 1.100 páginas" en cuya elaboración "no ha habido ninguna influencia política".

Agregó que la evaluación previa de AfD como caso sospechoso de extremismo de derechas fue confirmada por los tribunales y señaló que, sin duda, esta nueva clasificación también será revisada en los tribunales.

En este sentido, subrayó que "en un Estado de derecho, los tribunales independientes deciden en última instancia", al aludir a la posibilidad de AfD de recurrir esta clasificación.

Al mismo tiempo subrayó que la decisión de la BfV es una "evaluación clara e inequívoca".

Preguntada por la posible presentación de una solicitud para prohibir la AfD o, al menos, de eliminar su financiación y beneficios fiscales, Faeser recordó que "un procedimiento de prohibición de un partido tiene, por buenas razones, obstáculos constitucionales muy altos" y agregó que, aunque "no debería descartarse", debería seguir abordándose "con mucho cuidado".

"En todo caso, no hay ningún automatismo", añadió.

Para Faeser, la nueva evaluación de la BfV demuestra que Alemania es una democracia que se defiende y que dispone de instrumentos jurídicos para protegerla contra las amenazas extremistas, que incluyen la observación y evaluación por parte de la Oficina para la Protección de la Constitución, como es el caso con AfD.

"Pero estos instrumentos legales deberíamos separarlos siempre del necesario debate político", agregó. EFE