Bruselas, 30 abr (EFE).- Solo cinco países han solicitado a la Comisión Europea activar el mecanismo que les permitirá desviarse de las normas europeas de disciplina fiscal para aumentar su gasto en defensa dentro del plazo sugerido, lo que podría reducir la cifra de inversiones que preveía movilizar Bruselas con su plan de rearme para la UE.
El Ejecutivo comunitario había pedido a los gobiernos que quisiesen usar esta flexibilidad solicitarlo antes del final de abril, pero a unas horas de que expire ese plazo solo Alemania, Grecia, Polonia, Estonia y Letonia lo han hecho, según informó este miércoles un portavoz del Ejecutivo comunitario.
El objetivo era que esta activación se produjese de forma coordinada en los Veintisiete, pero no se trata de un plazo taxativo con lo que la Comisión Europa analizará también las solicitudes que lleguen pasado el mismo.
En el caso de España, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, indicó hoy que la decisión sobre si acogerse a esta medida "no está tomada todavía" y es algo que el Ejecutivo irá "valorando a lo largo de los próximos meses".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, recordó que el plazo del 30 de abril es "orientativo" y consideró, en todo caso, que el hecho de que los Estados puedan acogerse a la flexibilidad que permiten las reglas fiscales es "un elemento positivo".
La posibilidad de usar esa flexibilidad forma parte de las medidas del plan de rearme presentado por la Comisión Europea con el fin de movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales para reforzar la defensa comunitaria ante la guerra en Ucrania y el menor peso que se espera juegue EE. UU. en esta área con la administración Trump.
La activación de la conocida como cláusula nacional de salvaguarda permitiría a los países aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5 % del PIB adicional al año sin que este sea tenido en cuenta en el cálculo de déficit a efectos del cumplimiento de las normas, lo que abriría la puerta a movilizar hasta 650.000 millones de euros en cuatro años si los Veintisiete la aplican.
Sin embargo, Bruselas podría tener que "examinar de nuevo" esa cifra dependiendo de cuantos Estados miembros soliciten activarlo, según reconoció un portavoz comunitario.
Este instó, no obstante, a esperar a ver cuántos se acogen finalmente a esta opción puesto que hay contactos "muy activos" entre la Comisión y los gobiernos nacionales. "Todavía hay tiempo", dijo.
El Ejecutivo comunitario prevé analizar las solicitudes durante el mes de mayo de modo que pueda anunciar si las aprueba el próximo 4 de junio, tras lo cual el Consejo (institución que representa a los Estados miembros) tendría un mes para pronunciarse, con lo que a principios de julio podría activarse esta flexibilidad si todo marcha según lo previsto.
Para que la Comisión apruebe el uso de la cláusula deben darse tres condiciones: que se den circunstancias excepcionales fuera del control del Estado en cuestión, que estas tengan un impacto importante en las finanzas públicas del país y que el desvío de la senda de gasto público pactada con Bruselas no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
Pero el Ejecutivo comunitario ya ha avanzado que, desde su punto de vista, "hay buenas razones para activar las cláusulas en toda la UE", recordó el portavoz. EFE
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