San Juan, 29 abr (EFE).- Un total de 25 miembros de una pandilla violenta del municipio de Mayagüez han sido acusados de narcotráfico y de delitos relacionados con armas de fuego, anunció este martes el fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
La acusación formal alega que, desde abril de 2021 hasta la fecha, la organización distribuyó heroína, fentanilo, base de cocaína (comúnmente conocida como crack), cocaína y marihuana en los alrededores de complejos de vivienda pública de Mayagüez.
Para preservar el control de su territorio, los miembros de la organización cometieron actos violentos, incluyendo asesinatos, según el comunicado de la Fiscalía federal.
Además, los acusados y sus cómplices empleaban la violencia para apoderarse de otras zonas y vender sus propios narcóticos en ellas, con el fin de aumentar su poder y sus ganancias.
Los acusados desempeñaban diferentes roles: líderes, dueños de puntos de venta de drogas, ejecutores, corredores, vendedores, procesadores de drogas, vigilantes y facilitadores.
Los miembros de la pandilla empleaban la fuerza, la violencia y la intimidación para intimidar a organizaciones narcotraficantes rivales y para disciplinar a los miembros de su propia banda.
Además de las acusaciones de narcotráfico, quince de los imputados enfrentan cargos por posesión de armas de fuego y siete por posesión de una ametralladora.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación del caso, con la colaboración del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshal Service), el Servicio de Inspección Postal y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
"El enjuiciamiento de esta banda de narcotraficantes demuestra nuestros decididos esfuerzos por proteger a nuestras comunidades de la delincuencia violenta y la violencia armada que traen a nuestras calles", declaró Muldrow.
"Hoy enviamos un mensaje claro: la violencia, las drogas y el crimen organizado no encontrarán refugio en Puerto Rico", declaró Devin J. Kowalski, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
De ser declarados culpables de los distintos cargos, los acusados enfrentan penas de cárcel que oscilan entre los 10 años y la cadena perpetua. Todos enfrentan asimismo una demanda de decomiso de narcóticos por 19,7 millones de dólares. EFE
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