AI alerta sobre el deterioro de las instituciones y los recortes del Gobierno de Milei

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes, en su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos en el mundo, lo que pasa en Argentina con los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei en los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género, y el cierre y deterioro de las instituciones, entre otras cuestiones.

El informe resalta que en el último año, pese a persistir en Argentina las altas tasas de feminicidios y violencia de género, se recortaron los servicios de apoyo y expresa su preocupación "por el cierre y el deterioro de las instituciones, la retracción de las políticas públicas y la drástica reducción del presupuesto asignado para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia".

La organización, que ha analizado la situación en 150 países durante 2024, advirtió que, pese a que entre enero y diciembre de 2024 en Argentina se reportó un feminicidio cada 33 horas, "los recortes de recursos para políticas relacionadas con la violencia de género fueron alarmantes".

 La línea de atención telefónica 144 para víctimas de violencia de género redujo su personal en un 42% y el programa 'Acompañar', cuyo objetivo es fortalecer la independencia económica de las personas que sufren violencia de género, recortó su alcance en un 98,63%, en comparación con 2023.

A pesar de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, desde la cartera anunciaron la escasez de insumos esenciales para los servicios de aborto.

AI resaltó además que el Gobierno de Milei desmanteló y redujo el presupuesto del 'Plan de Prevención de Embarazos No Planificados para Adolescentes', que había logrado reducir la tasa de embarazos adolescentes en un 49 %.

Según el informe, los periodistas argentinos sufrieron a diario violencia digital.

"Desde el inicio del Gobierno del presidente Javier Milei en 2023, casi 30 periodistas sufrieron acoso y violencia en redes sociales y en los medios de comunicación por parte del presidente y otros funcionarios", manifestó AI.

En particular, destacó que son las periodistas mujeres quienes padecieron mayor violencia online: en los últimos cinco años, "el 63,5 % de las periodistas argentinas ha sufrido violencia digital, y el 85,6 % ha denunciado acoso o troleo".

El 45,9 % de las periodistas ha sufrido acoso sexual o amenazas de violencia sexual. El 50 % de ellas ha incurrido en autocensura y el 34,5 % decidió retirarse por completo de las plataformas digitales.

El texto destacó además que el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Patricia Bullrich, permitió "la vigilancia masiva mediante el monitoreo de redes sociales, aplicaciones digitales e internet, así como el reconocimiento facial y algoritmos de aprendizaje automático utilizados para analizar datos históricos de delitos y predecir delitos futuros".

En paralelo, el informe advirtió que, tras la aprobación de medidas restrictivas del derecho a la protesta en diciembre de 2023, "las autoridades han respondido a las manifestaciones públicas con creciente represión".

El informe puso especial atención a la decisión del Ejecutivo de cerrar la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de niños apropiados y desaparecidos forzosamente durante el régimen militar de 1976-1983.

Además, citó un falló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró al país suramericano "responsable de no adoptar medidas razonables para prevenir el atentado del 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina" y condenó al Estado argentino por no haber cumplido con su deber de investigar el ataque y su posterior encubrimiento.

Amnistía consideró que las medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo de Milei tuvieron un impacto desproporcionado en niños y adultos mayores, y destacó especialmente la situación de las pensiones y el veto del presidente a una fórmula de aumento de las jubilaciones aprobada por el Congreso el año pasado.

La organización denunció que "el sistema fiscal favoreció un esquema impositivo regresivo que exacerbó la desigualdad" y enfatizó que "el Gobierno justificó la austeridad y los recortes presupuestarios como necesarios para lograr el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que redujo los impuestos progresivos y aumentó las exenciones fiscales para las grandes empresas". EFE