Irene Escudero
Madrid, 19 abr (EFE).- Los golpes de estado militares en Burkina Faso, Níger y Mali llevaron a la expulsión de la Unión Europea y a un giro hacia políticas de “mano dura” contra los grupos armados, que después de dos años no han reducido las cifras de violencia en la región y provocan números de desplazamiento interno sin precedentes y una migración sobre todo intrafricana pero en aumento hacia Europa.
En 2024, el Sahel supuso alrededor del 50 % de la actividad terrorista de África, con más de 11.000 víctimas mortales, según el African Center for Strategic Studies. Y ese mismo año también hubo un aumento del 14 % en desplazamientos internos respecto a 2023, según refleja el Informe África de la Fundación Alternativas.
Primero fue Mali, en 2021; al año siguiente Burkina Faso y en 2023, Níger. Los militares llegaron al poder de estos tres países “legitimados” por las protestas sociales de 2020 que se levantaban contra unos líderes que, unidos a la UE guiada por Francia, no habían conseguido traer seguridad y acabar con la violencia.
Tras los golpes de Estado, “ha habido un cambio de estrategia de seguridad. Ahora mismo se opta por una política de mano dura y esto lo único que está generando es una mayor cantidad de violencia y de desplazados, porque es una guerra sin cuartel y no se están dando unos resultados efectivos”, explica a EFE la coordinadora del informe de la Fundación Alternativas, Andrea Chamorro.
“Estamos en una guerra permanente entre insurgentes y (el grupo paramilitar ruso) Wagner apoyando a los estados del Sahel occidental”, dice la profesora de la Universidad Internacional de Rabat Beatriz Mesa.
Los grupos se han multiplicado y también se han expandido del norte de Mali hasta llegar al sur de Burkina Faso e incluso a Benín, aunque en 2024 hubo un ligero descenso en el número de ataques en todo el Sahel (de 4.858 a 4.682), con Burkina Faso y Mali a la cabeza de más ataques con víctimas mortales.
“La insurgencia ha avanzado mucho en adquisición de armas y en hombres y esto hace más complicado el fin de esta violencia y de ahí que pensemos que hay que volver a la mesa de diálogo, que es la única vía para poder aplacar a estos actores de la violencia”, dice Mesa, autora de ‘El fracaso de Occidente en África’ y ‘Los grupos armados del Sahel’.
Mientras esto sucede, las cifras de llegadas a Europa, sobre todo de malienses que cruzan por el Atlántico hasta España, se dispararon en 2023 y siguieron creciendo el año pasado, cuando supusieron más de un tercio de todas las personas que migraron a Europa por el Atlántico.
Este año, de las casi 7.200 personas que Frontex registró en enero y febrero en la ruta occidental, más de 3.300 eran de Mali, es decir, casi la mitad.
Sin embargo, las causas son diferentes: “la migración extracontinental se hace desde un proyecto ya diseñado previamente de búsqueda de empleo u otras razones, y no es como consecuencia forzosamente de un conflicto”, explica Mesa, mientras que “los conflictos que están sufriendo el Sahel occidental lo que está produciendo son sobre todo desplazamientos internos y muchos refugiados internos”.
“La gente asume que todos los africanos quieren venir a Europa y el 98 % de los movimientos en África realmente es gente que se queda en el continente, la mayoría dentro de sus países o a vecinos; una parte muy pequeña abandona el continente”, expone a EFE la investigadora del Transnational Institute (TNI), Josephine Solanki.
Mauritania, por ejemplo, está acogiendo a miles de malienses que huyen de la violencia y el desplazamiento interno en Burkina Faso registró en 2023 el mayor número desde el comienzo de la violencia en 2019, con 707.000 desplazados según el informe anual de desplazamiento interno del Consejo Noruego de Refugiados.
“Cuando hablamos de España bajo el yugo del Sahel, no es real. Esas migraciones se llevan produciendo desde hace décadas; van aumentando, pero no solamente porque haya un estallido conflictual, sino porque hay más información, hay experiencia de jóvenes que ya han salido fuera y que se convierten también en embajadores de las migraciones fuera de su territorio”, dice Mesa.
Jóvenes que quieren otras salidas más allá de la agricultura o la ganadería que ofrecen sus países, que quieren formarse o trabajos de otros tipos.
A esos jóvenes es difícil pararlos en su afán de conseguir una mejor vida, pero “si se quiere reducir la migración forzada por el conflicto, entonces se debería dejar de exportar armas a estos países y dejarlos desarrollar su economía y que se reduzca la pobreza”, apunta Solanki, quien defiende que la migración debería ser legal. EFE
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