Así fue el rescate de 16 mujeres víctimas de explotación sexual en Cancún: dos son colombianas

En la tarde del sábado 12 de abril, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Marina, anunciaron el rescate de 16 mujeres, que presuntamente eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Cancún, en el Caribe mexicano.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) precisó en un comunicado que el hallazgo se dio tras cumplir con una orden de allanamiento en un bar.

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“Tras solicitar y obtener de un Juez de Control el mandato judicial, este fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, en un establecimiento ubicado en la avenida Bonampak a la altura de la Supermanzana 6 de este municipio”, indicó el comunicado de la Fiscalía.

Según la información proporcionada por la dependencia, las víctimas, todas mayores de edad, serían víctimas del delito de trata en su modalidad de prostitución ajena.

El operativo, detalló la institución, fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación, en un establecimiento ubicado en la avenida Bonampak, del municipio Benito Juárez, en Cancún.

En el lugar, los uniformaron rescataron un total de 16 mujeres, dos de ellas de nacionalidad colombiana, que serían sometidas a realizar servicios de tipo sexual, cobrando aproximadamente 5.000 pesos mexicanos; es decir, más de un millón en pesos colombianos.

“En el lugar, los agentes lograron rescatar a 16 mujeres: nueve de nacionalidad cubana, dos mexicanas, dos venezolanas, dos colombianas y una jamaiquina, quienes realizaban servicios de carácter sexual, por los que cobraban la cantidad de 5.000 pesos (unos 246 dólares), de los que 3.000 (147 dólares) eran para el encargado del bar”, apuntó la Fiscalía estatal.

Entre las actividades que realizaban las mujeres, precisó, estaban obtener dinero por consumir bebidas alcohólicas con los clientes y hacer bailes privados.

“Otras de sus actividades consistían en beber con los clientes, cobrando 500 pesos por la copa de la dama, de los que 250 pesos eran para el encargado; también hacían bailes privados con un costo de 250 pesos por tres minutos; las cubetas de cervezas costaban 600 pesos”, detalló la autoridades judicial.

Tras el allanamiento, el lugar fue clausurado pero no se reportó ningún detenido.

A propósito del operativo realizado en México, el 10 de abril de 2025, autoridades españolas confirmaron que ocho colombianas fueron engañadas con promesas de recibir grandes beneficios económicos, pero la realidad fueron sometidas a condiciones de esclavitud sexual por una red criminal que operan en el país europeo.

Las víctimas eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Tenerife, mientras se les imponía una deuda de 3.000 euros que justificaba su sometimiento.

Según la Policía Nacional de España, este caso fue resultado de un año de investigaciones que culminó con un operativo el 9 de abril, en el cual las víctimas fueron rescatadas y se desmanteló la organización delictiva.

La red criminal estaba dirigida por un clan familiar conformado por cinco ciudadanos venezolanos. Su esquema de operación consistía en captar a jóvenes mujeres colombianas, de entre 18 y 25 años, aprovechándose de sus precarias condiciones económicas en Colombia.

Les ofrecían falsas oportunidades de trabajo en Europa bajo condiciones aparentemente dignas, cuando en realidad serían explotadas sexualmente en viviendas destinadas al alquiler vacacional en el sur de Tenerife, utilizadas como prostíbulos clandestinos.

Estas mujeres, tras aceptar el engaño, eran preparadas para pasar los controles migratorios en los aeropuertos de Madrid y Tenerife, recibiendo instrucciones para simular su entrada como turistas.

Una vez en Tenerife, la pesadilla comenzaba. Les retiraban el dinero que inicialmente llevaban, las confinaban en las viviendas y las obligaban a trabajar sin descanso.

Según el testimonio policial, las víctimas carecían de autonomía: debían estar disponibles todo el tiempo, sin derecho real a descanso, y tenían que cumplir cualquier exigencia de los clientes, incluso si implicaba riesgos para su salud o dignidad.

Además, convivían en habitaciones compartidas donde también se realizaban los encuentros sexuales, y si alguna presentaba enfermedades de transmisión sexual, era expulsada sin recibir apoyo alguno. Aun después de pagar la supuesta deuda inicial, las víctimas eran forzadas a continuar explotadas bajo amenaza de saldar montos mucho mayores, llegando a desembolsar hasta 9.000 euros.

Además del abuso físico y sexual, a las mujeres también se les exigía suministrar medicamentos para mejorar el rendimiento sexual de los clientes e incluso consumir drogas con ellos. Quienes lograban escapar enfrentaban amenazas contra ellas mismas o sus familias a través de mensajes.