Beirut, 10 abr (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, extendió este jueves por tres meses más el mandato de la comisión oficial formada para investigar la masacre de cientos de personas ocurrida en marzo en la costa mediterránea del país, principalmente miembros de la minoría alauita.
Al Sharaa mantuvo un encuentro con los miembros del comité, que le presentaron su informe preliminar, y posteriormente emitió un decreto que les otorga tres meses adicionales para entregar sus conclusiones finales sobre lo ocurrido, informó la Presidencia siria en su cuenta de X.
El grupo contaba inicialmente con un periodo de un mes para completar su trabajo, pero ya había advertido de que posiblemente necesitaría más tiempo debido a dificultades como la peligrosidad de acercarse a algunas zonas y la reticencia de algunos afectados a hablar.
El mes pasado, grupos armados con vínculos al antiguo régimen de Bachar al Asad, también alauita, lanzaron una serie de ataques contra las provincias occidentales de Latakia y Tartús, lo que provocó una campaña de respuesta por parte de las fuerzas que le derrocaron en diciembre y de formaciones aliadas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización con sede en el Reino Unido dedicada a informar sobre la violencia en Siria, informó de la muerte de 1.614 civiles en el estallido, mientras que la Red Siria de Derechos Humanos situó la cifra de fallecidos en 803 muertos, entre ellos al menos 211 civiles.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) demandó responsabilidades por la masacre tras verificar que al menos una treintena de las muertes a manos de las fuerzas progubernamentales en la localidad de Baniyas fueron "deliberadas" e "ilegales".
Las pesquisas realizadas por la ONG determinaron, en base al relato de testigos, que las milicias preguntaron a los residentes "si eran alauitas" antes de proceder a matarlos o amenazarlos, llegando en algunos casos a culparlos por las violaciones cometidas por el anterior régimen.
Posteriormente, las víctimas fueron enterradas en fosas comunes sin que las familias pudieran despedirles con ritos funerarios o ceremonias públicas, según AI. EFE
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