
Los altos impuestos y gravámenes a la electricidad en Europa minan la viabilidad de la electrificación y la ponen en desventaja en competitividad frente a Estados Unidos y China, según un estudio publicado por la patronal eólica europea WindEurope realizado por la consultora VaasaETT sobre tarifas de electricidad e incentivos para la electrificación.
A pesar de que el Pacto Industrial Limpio de la UE (Clean Industrial Deal) pretende impulsar la electrificación y el despliegue de energías renovables como motor de la competitividad industrial, el estudio subraya que la industria europea paga significativamente más en impuestos y gravámenes sobre la electricidad que en Estados Unidos y China.
Así, el informe, que examina la estructura de las facturas de electricidad en Francia, Alemania, España y Polonia y su impacto en los consumidores residenciales e industriales intensivos, destaca que los extracostes de la electricidad en Europa son demasiado altos, siendo casi quince veces superiores para los hogares y cuatro veces más altos para las industrias que en China.
Por ello, defiende la necesidad apremiante de una reforma para alinear los costes de la electricidad con los objetivos de descarbonización y competitividad en el Viejo Continente.
En concreto, señala como principal motivo que la electricidad está sobrecargada de impuestos y cargos en comparación con el gas, superando los cargos regulados sobre la electricidad con creces los del gas en la mayoría de los países, lo que desalienta el cambio a las energías limpias.
Además, advierte de que los cargos "ocultos" distorsionan aún más los precios, siendo incorporados en algunos países en los costes de la energía sin aparecer en las facturas de electricidad de los consumidores finales, algo que reduce la transparencia y aumenta la carga general de la electricidad para los consumidores.
En el caso concreto de España, el estudio advierte de que el país destaca en este sentido, ya que tiene ocultos costes extrapeninsulares, déficit, costes primas renovables (Recore), entre otros, de manera que los extracostes incluidos en las tarifas de electricidad para los hogares son 19 veces más altos que los imputados de gas.
Además, el informe considera que las tasas reguladas impuestas por el Estado español se encuentran entre las más complicadas de Europa. ya que los impuestos y tasas, a menudo "ocultos" del consumidor final, se imponen a la electricidad y generadores y minoristas de gas, lo que crea una percepción de bajos cargos regulados en la factura, mientras que técnicamente incrementan el coste del componente energético.
FALTA DE TRANSPARENCIA.
De esta manera, señala que los dos principales problemas se refieren a "la falta de transparencia", ya que la factura eléctrica no presenta un desglose claro y detallado de los cargos y subcargos, y a varios impuestos ocultos aplicados a proveedores y generadores que afectan en gran medida a los precios de la energía para el consumidor final.
En lo que respecta a los clientes industriales en España, estima que las reducciones temporales de la red, combinadas con la elevada burocracia para la concesión de exenciones, crean una sensación de "incertidumbre" y reducen la competitividad en comparación con otros países europeos.
A pesar de ello, el informe valora que los precios finales para los residenciales son mejores que los de los otros tres países, especialmente gracias a unas tarifas de red competitivas, mientras que los industriales muestran más dificultades para competir.
Para WindEurope, a pesar de las claras ventajas de la electricidad renovable sobre los combustibles fósiles, los esfuerzos de electrificación en Europa "se están estancando", ya que, en la UE, solo el 31% del consumo energético industrial proviene de la electricidad, pudiendo elevarse ese nivel al 74% gracias a tecnologías ya disponibles en el mercado y otro 14% podría electrificarse para 2030 y un 5% más para 2035, dejando solo el 7% de los procesos que, por ahora, siguen sin electrificarse.
REDUCIR AL MÍNIMO LAS TARIFAS REGULADAS.
Así, el informe recomienda reducir al mínimo las tarifas reguladas de la electricidad; eliminar los costes no relacionados con la energía; y trasladar las tarifas de apoyo a las renovables y de capacidad a la tributación general para una mejor supervisión del gasto energético en seguridad energética, asequibilidad y descarbonización.
También aboga por reducir los cargos regulados para las industrias listas para electrificar, incluso aquellas que no hacen un uso intensivo de la energía, y mantener en las facturas de electricidad los cargos de desarrollo y operación de la red vinculados al consumo para promover el uso eficiente del sistema eléctrico.
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