Perú presentará plan para cerrar brecha socioambiental que beneficiará a nueve comunidades

Lima, 8 abr (EFE).- El Gobierno peruano se comprometió a presentar un plan de cierre de la brecha socioambiental que beneficiará a nueve comunidades indígenas de la provincia surandina de Espinar para resolver las demandas de estos pobladores contra la minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore, por los presuntos daños ambientales que genera su actividad, informó este martes el Ministerio de Energía y Minas.

Después de un encuentro con los representantes de nueve de las 13 comunidades de Espinar que iniciaron una protesta contra Antapaccay el pasado 30 de marzo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, declaró que estaban "cerrando un problema que tiene años y al que ahora le ponen fecha, orden y resultados tangibles".

Montero y el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se reunieron el lunes con las comunidades andinas para establecer una mesa de trabajo, tras el inicio de una protesta en las comunidades nativas de Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antacollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri.

Las partes acordaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) enviará este martes la propuesta del Plan de Acción a las nueve comunidades presentes en la cita para su revisión y que sus representantes tienen un plazo de cinco días para entregar una respuesta donde se definirá la fecha para su aprobación.

Además, la Dirección General de Minería del ministerio emitirá un informe específico a las comunidades sobre la Planta de Óxidos y el objeto de la Consulta Previa, que se realizará en mayo próximo.

De la misma forma, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitirá los resultados de la evaluación a la Planta de Óxidos que realizó en febrero último.

Las comunidades de Espinar reclamaban la nulidad de la Segunda modificación del estudio de impacto ambiental y la suspensión de sus trámites administrativos, la implementación de un plan integral de reparaciones para remediar los daños ambientales acumulados.

Igualmente, una reunión urgente con la PCM y el Ministerio de Energía y Minas para exponer sus reclamos, la paralización de la planta industrial de óxidos de la empresa minera, cuya operación consideran ilegal, y la realización de una consulta previa auténtica y vinculante, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que garantice su participación en decisiones que afectan sus territorios, según informó el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. EFE