Justicia de Perú revisa desde este miércoles apelación por asesinato de líderes indígenas

Lima, 7 abr (EFE).- La Justicia de Perú comenzará este miércoles a revisar una apelación que se considera "clave para la búsqueda de justicia" por el asesinato, en septiembre de 2014, de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad amazónica Alto Tamaya-Saweto, informó este lunes la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

La revisión del llamado 'caso Saweto' se desarrollará en la ciudad amazónica de Pucallpa, a unos 720 kilómetros de Lima, y estará a cargo de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de la región de Ucayali, informó la organización indígena en un comunicado enviado a EFE.

La sala de apelaciones deberá determinar si confirma o revoca una sentencia condenatoria que impuso, en primera instancia, 28 años y 3 meses de prisión a cinco personas por los asesinatos.

El proceso se desarrolló por las muertes de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, cuatro líderes ashéninkas que fueron asesinados por denunciar la tala ilegal en el territorio de su comunidad.

El 27 de febrero de 2023, el juzgado penal colegiado condenó a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como actores mediatos (con dominio del hecho) de los asesinatos, y a Euricio Mapes y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Féliz, como autores del delito de homicidio con alevosía.

Sin embargo, la sentencia fue declarada nula el 29 de agosto de 2023 por la Primera Sala de Apelaciones, por lo que el 2 de noviembre de ese año comenzó un nuevo juicio oral que también concluyó en una condena que fue apelada por las partes y ahora se encuentra en revisión en la segunda instancia judicial.

Según lo informado, la audiencia de apelación se desarrollará durante varias sesiones a lo largo de este mes, en las que se revisará la sentencia y las apelaciones presentadas por el Ministerio Público, los familiares de las víctimas y los condenados.

La Fiscalía sustentará una petición para que se incremente la condena a 35 años de cárcel, mientras que la defensa de los familiares de las víctimas solicitará que se confirme la sentencia y se aumente la indemnización, y los condenados que sea revocada.

Organizaciones indígenas, de derechos humanos y colectivos sociales han advertido que la impunidad en este caso puede "sentar un peligroso precedente" y desalentar "las denuncias de las autoridades indígenas, sus líderes y lideresas, que enfrentan amenazas similares".

Al respecto, el vicepresidente de Aidesep, Miguel Guimaraes, exigió "justicia" para los líderes asesinados y dijo que su muerte "no solo fue un ataque contra ellos, sino contra todos los pueblos indígenas" que defienden su territorio de las actividades extractivas y del crimen organizado.

"Durante años, hemos enfrentado la impunidad, la corrupción y la indiferencia de un sistema que no protege a quienes luchamos por el bosque y la vida. No podemos permitir que estos crímenes queden en el olvido", enfatizó.

La organización indígena remarcó que desde 2013 se han registrado en Perú al menos 35 asesinatos de líderes que defienden sus territorios. EFE