Brasilia, 3 abr (EFE).- La Corte Suprema de Brasil impuso este jueves nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
El máximo tribunal determinó que "siempre" se lleve a cabo la autopsia de las personas muertas durante acciones de las fuerzas de seguridad y que los cadáveres sean fotografiados en la posición en que fueron encontrados.
Además, el tribunal ordenó que los agentes que lleguen primero al lugar de los hechos se aseguren de que no se hagan alteraciones que puedan obstaculizar la investigación posterior.
Los magistrados también impusieron un plazo de 60 días para que los organismos de control interno de la Policía lleven a cabo las pesquisas correspondientes sobre las circunstancias de cualquier muerte ocurrida durante un operativo policial.
Así mismo, el Supremo dio 180 días al Gobierno regional para comprobar que se instalen cámaras en los vehículos policiales y en los uniformes de los agentes, una medida clave para reducir las muertes.
La sentencia del tribunal sostiene que la política de reducción de la letalidad policial implementada por las autoridades de Río de Janeiro "todavía está lejos del ideal constitucional".
"No puede haber antagonismo entre la protección de derechos humanos y la construcción de políticas de seguridad pública compatibles con la Constitución", reza el fallo.
En relación con el combate al crimen organizado, el Supremo ordenó al Gobierno regional elaborar un plan de recuperación de territorios que estén bajo el control de bandas delictivas, con el objetivo de "permitir la presencia permanente del poder público".
La decisión del tribunal se da en respuesta a una demanda presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño, una formación de centroizquierda que alegó violaciones masivas de derechos humanos en materia de seguridad.
Según el partido en mención, el Gobierno regional incumplía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordenaba implementar una serie de medidas, tras la muerte de 26 personas durante unas incursiones policiales en la favela Nova Brasilia en 1994 y 1995.
En 2023, Río de Janeiro fue el séptimo estado brasileño con mayor letalidad policial, con una tasa de 5,4 muertes por cada 100.000 habitantes, según la ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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