Bangkok, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), opuesto al régimen golpista y que se autoproclama como la autoridad legítima de Birmania, reclama a la justicia argentina que retire la orden de arresto emitida contra la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi por la persecución de la minoría musulmana rohinyá.
El NUG, conformado por políticos depuestos y activistas en favor de la democracia, argumenta que bajo el liderazgo de Suu Kyi el país realizó varios esfuerzos encaminados a encontrar "una solución a largo plazo" para el conflicto con los rohinyá, etnia no reconocida por las autoridades birmanas y que sufrió en 2017 una campaña de persecución por parte del Ejército.
El pasado jueves, un tribunal de Buenos Aires emitió órdenes de arresto contra Suu Kyi y 22 militares, incluido el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por su supuesta implicación en el genocidio y otros delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas contra los rohinyá.
"Consideramos que la acusación contra Suu Kyi (...) es desacertada y errónea. Por lo tanto, pedimos que se elimine", pide en un comunicado emitido la noche del martes el NUG.
Según el grupo, afín a la líder encarcelada en Birmania desde el golpe de Estado militar de 2021, la orden de detención contra Suu Kyi podría crear "malentendidos" y "socavar el proceso de paz a largo plazo, reconciliación y transición democrática" del país, así como "obstaculizar" la oposición política al régimen castrense.
A mediados de 2017, cuando el Ejército conllevo su campaña contra esta minoría, Suu Kyi ejercía de líder de facto del gobierno birmano, mientras que Min Aung Hlaing era comandante en jefe del Ejército.
El brutal operativo contra la población rohinyá, en el norte del estado de Rakáin (este de Birmania) y donde esta minoría lleva asentada siglos, motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, donde ya se encontraban miles de rohinyás expulsados en años previos.
La ONU estima que durante esta campaña, que en un informe catalogó "de limpieza étnica con marcas de genocidio", fueron asesinadas al menos 10.000 personas, mientras que cientos de poblaciones quedaron arrasadas por incendios intencionados.
El caso, independiente de los que se estudian en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ambas en La Haya, se presentó en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal para delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La propia Suu Kyi, quien permanece encarcelada desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, llegó a defender la actuación del Ejército frente a los tribunales internacionales, un acto que le provocó numerosas críticas internacionales.
Min Aung Hlaing lideró el golpe de Estado militar de febrero de 2021 que acabó con diez años de transición democrática.
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