Roma, 3 feb (EFE).- Una víctima de torturas cometidas por el jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) y liberado por Italia tras haber sido detenido en Turín (norte), ha denunciado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; además de a los titulares de Justicia, Carlo Nordio, e Interior, Matteo Piantedosi.
El sudanés Lam Magok Biel Ruei, de 32 años, que se encuentra alojado en un centro de ayuda a migrantes en la capital italiana, presentó la denuncia ante la Fiscalía de Roma por "complicidad" por haber liberado al libio considerado un torturador por el CPI, informaron este lunes medios locales.
La denuncia se suma a otra ya presentada por el abogado Luigi Li Gotti -y revelada por la propia Meloni en sus redes sociales- que fue aceptada por la Fiscalía de Roma y pasará ahora a una investigación del Tribunal de ministros, una corte especial que investiga los casos relativos al primer ministro y su Ejecutivo por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
En la denuncia del sudanés se lee que "la inercia del ministro de Justicia -que podría y debería haber solicitado la prisión preventiva del criminal buscado por la CPI- y el decreto de expulsión firmado por el ministro del Interior, con la preparación inmediata del vuelo de Estado para llevar al hombre buscado de regreso a Libia, permitió a Al Masri escapar de la detención y regresar impunemente a su país de origen, impidiendo así la celebración del juicio a su cargo".
Según Franco Romeo, abogado de Magok, un comunicado de prensa oficial de la CPI del 22 de enero "demuestra cómo las autoridades italianas no solo habían sido debidamente informadas del funcionamiento del orden de arresto, sino que también ha participado en una actividad previa de consulta preventiva y coordinación destinada precisamente a garantizar la adecuada recepción de la solicitud de la Corte y su implementación".
En ese mismo comunicado, también se informa de que las autoridades italianas habían pedido expresamente a la CPI no "comentar públicamente la detención de Almasri, demostrando así que tenía conocimiento de ello".
"He sido víctima y testigo de estas atrocidades, horrores que ya he denunciado ante la CPI, pero el Gobierno italiano me ha convertido en víctima una segunda vez, anulando la posibilidad de obtener justicia tanto para todas las personas, como para mí, que sobrevivieron a su violencia, tanto por aquellos que mató como por aquellos que continuarán sufriendo torturas y abusos en sus manos o bajo su mando", explicó Lam Magok a los medios.
El hombre decidió presentar la denuncia "con la convicción de que Italia todavía puede definirse como un Estado de derecho, donde la ley es igual para todos, sin ser suspendida o sujeta a excepciones, y donde las personas definidas como peligrosas por sus crímenes cometidos son llevados ante la justicia y no devueltos cómodamente al lugar donde cometieron y seguirán cometiendo atrocidades".
Tanto Meloni como Piantedosi explicaron que la decisión de liberarlo se debió a "motivos de seguridad".
La CPI acusa a Al Masri de crímenes de guerra y lesa humanidad en Libia desde febrero de 2015, lo que incluye asesinato, tortura, violación y violencia sexual presuntamente cometidos cuando el sospechoso estuvo a cargo de instalaciones carcelarias en Trípoli, donde miles de personas fueron detenidas por períodos prolongados. EFE
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