El Tribunal Supremo de Uganda ha ordenado este viernes el fin de los juicios a civiles ante tribunales militares y ha reclamado que todos estos casos sean trasladados a cortes civiles con jurisdicción sobre los mismos, en medio de las denuncias por parte de la oposición sobre el uso de estos procesos para reprimir a los críticos con las autoridades.
Así, la jueza Catherine Bamugemereire ha afirmado durante la lectura del fallo que el Tribunal Marcial General no tiene jurisdicción sobre los civiles y ha recalcado que, por ello, los procesos contra ellos ante estos tribunales suponen una violación de la Constitución.
"El poder judicial, según la ley, recae sobre la Justicia y el Tribunal Marcial General está subordinado al proceso judicial", ha manifestado, antes de recalcar que "es una extralimitación crear un delito que hace que los civiles sean responsables de crímenes bajo la ley militar", según ha recogido el diario ugandés 'Nile Post'.
En este sentido, ha afirmado que los tribunales militares deben suspender todos los juicios civiles y mantener en pie únicamente los que afecten a soldados, si bien ha dicho que los militares imputados por actos contra civiles deberían ser igualmente juzgados por la justicia ordinaria.
El fallo llega en medio de un proceso abierto en un tribunal militar contra el destacado opositor Kizza Besigye --detenido en noviembre de 2014 en Kenia y trasladado a Uganda--, contra el que pesan varios cargos, incluido el de traición, lo que acarrearía la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable.
Besigye, otrora aliado del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ya fue imputado por traición en 2005, cargos que finalmente le fueron retirados. Además, fue arrestado en varias ocasiones en 2022 por su papel en las protestas contra el aumento de los precios de los productos básicos.
Naciones Unidas ha reclamado a Uganda que respete el "debido proceso" en el caso abierto contra el opositor, quien aseguró haber ganado las elecciones celebradas en 2016, al tiempo que mostró su preocupación por la "desaparición" de Besigye en Uganda y posteriormente traslado a Uganda por parte de agentes ugandeses.
La oposición acusan al presidente de usar a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial para reprimir a los críticos, al tiempo que afirma que la detención y encarcelamiento de líderes opositores es parte de un patrón para consolidar su posición en el cargo, en el que lleva desde 1986.
Museveni juró el cargo en mayo de 2021 para un sexto mandato después de imponerse en unas elecciones en las que el opositor Robert Kyagulanti, conocido como Bobi Wine, denunció fraude y se negó a reconocer su derrota, afirmando que él había sido el vencedor y por lo tanto presidente legítimo del país africano.
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