Monterrey (México), 30 ene (EFE) Organizaciones civiles denunciaron este jueves que el sitio en donde el Gobierno federal alista el albergue para migrantes deportados desde Estados Unidos en Nuevo León, el estado más poblado de la frontera, prevalece la inseguridad, la falta de servicios públicos y la contaminación.
Rodolfo Emmanuel Peña, representante del movimiento social 'Brigadas Anti Baches' de El Carmen, municipio donde estará el refugio, acudió al Congreso estatal a presentar un escrito para que las autoridades reubiquen el albergue.
Este es uno de los 10 inmuebles que el Gobierno de México prepara en los seis estados fronterizos con Estados unidos para los migrantes deportados por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y se ubica en El Carmen, a una hora de la capital del estado, Monterrey, con capacidad para 1.400 personas.
"Al llegar nuestros hermanos migrantes con las esperanzas rotas por las circunstancias internacionales, se encontrarían con una zona dentro de la colonia (barrios) Alianza Real que está a menos de 4 kilómetros de las pedreras (compañías que emiten contaminantes al extraer piedras para cemento)", señaló el vocero del movimiento.
Mencionó que los migrantes estarán expuestos a altos niveles de contaminación por las explosiones del cerro para obtener las rocas.
"Recordemos que actualmente, los problemas más graves de la contaminación se encuentran en la zona de El Carmen, Escobedo y el norte de Monterrey", expuso.
También afirmó que en el sitio prevalece la inseguridad y a menos de 500 metros del polígono de seguridad que instaló la Secretaría de la Defensa Nacional está uno de los barrios destruidos por "la corrupción" del Gobierno municipal, la falta de drenaje, olores fétidos y avenidas que parecen basureros.
"La inseguridad y el abandono de la actual Administración para el resguardo de la integridad de los ciudadanos del municipio, cada vez es más escasa, todos los días, si no se escuchan detonaciones, hay ejecutados, robos y lo más peligroso: extorsiones de algunos funcionarios municipales", planteó.
Ante esta situación, los integrantes de organizaciones civiles pidieron al Gobierno federal que reconsidere a dónde llegarán en Nuevo León los migrantes deportados.
"Pedimos en aras de la protección de nuestros hermanos migrantes sea reaconsiderada la ubicación del santuario y protección a un municipio que sí cuente con la infraestructura, seguridad, el humanismo social, la congruencia ideológica y el respaldo del gobierno municipal", sostuvo el portavoz.
La petición se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso estatal y también la enviarán al Gobierno de Nuevo León y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El hecho ilustra los retos que afronta México para reintegrar a los posibles deportados por Trump desde Estados Unidos, donde cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados son de origen mexicano. EFE
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