La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunirá "próximamente" con las ONG que han recurrido de forma parcial el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre.
"La Secretaría de Estado ya ha fijado una reunión en la que va a tener un encuentro con las diferentes ONG. Yo no conozco el contenido del recurso, pero me remito a esta reunión y ese encuentro que van a tener próximamente", ha asegurado la ministra en rueda de prensa en el Ministerio.
En concreto, las ONG Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes interpusieron el pasado 20 de enero un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por la "incompatibilidad" entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, según informaron en un comunicado.
La alianza formada por estas cinco organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas, tras un primer análisis del documento, valora que "la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales". Si bien, considera que hay "aspectos relevantes demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás".
Entre ellas, consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos. El actual Reglamento señala como concepto jurídico que el tiempo como solicitante de protección internacional no compute como tiempo de permanencia previa para solicitar una residencia por arraigo.
Esto significa, según las organizaciones, que si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa --en situación irregular, en este caso-- para optar a un arraigo. El recurso se centra en esta incompatibilidad, que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo, y se convierte en un elemento que desincentiva el ejercicio del derecho al asilo, según han advertido las ONG.
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