AI pide que se garantice la protección civil en el conflicto del este de la RD del Congo

Kinsasa, 28 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió a la República Democrática del Congo (RDC) y a sus socios regionales e internacionales que ejerzan "presión" sobre todas las partes involucradas en el conflicto que asola el este del país para que prioricen la protección de los civiles y garanticen su acceso a la ayuda humanitaria.

“Miles de civiles congoleños están una vez más huyendo por sus vidas, en una necesidad desesperada de seguridad y ayuda humanitaria. Amnistía Internacional insta a todas las partes involucradas en el conflicto a priorizar la protección de los civiles en medio de esta devastadora violencia”, declaró el director regional de AI para África Oriental y Meridional, Tigere Chagutah, en un comunicado difundido a última hora del lunes.

Este llamamiento se produce después de que el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) -grupo armado formado principalmente por tutsis que sufrieron el genocidio ruandés de 1994- asegurara el lunes haber tomado la estratégica ciudad de Goma, en el noroeste de la RDC, después de varios días de intensos enfrentamientos con el Ejército congolés y sus aliados, en los que consiguieron ganar terreno.

Esta escalada del conflicto ha generado un aumento de la tensión con la vecina Ruanda, ya que el Gobierno de la RDC acusa al ruandés de apoyar al M23, un extremo que ha sido confirmado por la ONU.

“Con miles de personas en Goma y sus alrededores buscando refugio, alimentos, agua, saneamiento y atención médica, las partes en conflicto deben permitir el paso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria para todos los necesitados”, dijo Chagutah.

AI recordó que el conflicto en el este de la RDC ha ido generalmente acompañado de violaciones de derechos humanos, como asesinatos de civiles, violencia sexual y ataques contra activistas, "como ya ocurrió durante la toma de Goma por el M23 en 2012".

“Los civiles enfrentan un grave riesgo de violaciones de derechos humanos en medio de esta última escalada. Durante el último año, ambas partes han intensificado el uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas con consecuencias devastadoras para los civiles", alertó Chagutah.

“El M23, respaldado por Ruanda, debe cumplir con el derecho internacional humanitario. Deben garantizar la seguridad de los civiles, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas, incluso aquellos críticos con Ruanda y el M23", añadió.

Según alertó también Médicos Sin Fronteras, cerca de 400.000 personas han huido de sus hogares desde principios de enero y decenas de miles se han dirigido a centros de desplazados en los alrededores de Goma, donde ya vivían más de 650.000 personas, "agotadas por casi tres años de combates".

Los enfrentamientos de las últimas semanas han provocado una nueva afluencia de personas a estos emplazamientos, que según denunció la ONG, son "totalmente antihigiénicos" y donde las familias sobreviven "sin un refugio adecuado y carecen de todo: alimentos, agua y atención sanitaria".

Mientras la RDC acusa a Ruanda de apoyar al M23, Ruanda y este grupo rebelde acusan al Ejército congoleño de cooperar con las FDLR, un grupo fundado en 2000 por cabecillas del genocidio de 1994 y otros ruandeses exiliados para recuperar el poder político en su país, una colaboración que también ha sido confirmada por la ONU.

La actividad armada del M23 se reanudó en noviembre de 2021 con ataques relámpago contra el Ejército congoleño en Kivu del Norte. Desde entonces, ha avanzado por varios frentes hasta situarse en Goma, capital de unos dos millones de habitantes que es sede de ONG internacionales e instituciones de la ONU y que el grupo ya ocupó durante diez días en 2012.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la Monusco. EFE