Fiscalía de Ecuador investiga presunta usurpación de funciones en Consejo de Participación

La Fiscalía allana oficinas del CPCCS en Quito por presunta usurpación y simulación de funciones públicas tras una denuncia sobre el incumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional

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Guayaquil (Ecuador), 24 ene (EFE).- La Fiscalía de Ecuador realizó este viernes un registro en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), situadas en Quito, como parte de una investigación por el presunto delito usurpación y simulación de funciones públicas, según informó en su cuenta de la red social X.

La investigación se realiza en contra de los consejeros del CPCCS, un órgano del Estado integrado por siete personas que son elegidas por votación popular y entre cuyas funciones figura la designación de autoridades de diferentes instituciones estatales.

El Ministerio Público agregó que, junto a la usurpación de funciones, los consejeros también podrían haber incurrido en un presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente al "incumplir una sentencia constitucional".

Según informó la Fiscalía, la indagación, que la bautizó como caso 'Ligados', comenzó tras una denuncia en la que se acusa a los consejeros de no respetar un fallo que emitió en diciembre pasado la Corte Constitucional, "y designar a Raúl González como Superintendente de Bancos".

En diciembre, la Corte dejó sin efecto una acción de protección que impidió que Raúl González asuma como superintendente de Bancos en 2022, aunque aclaró que la medida no influía en el proceso de designación de una nueva autoridad.

De hecho, días antes de conocer la decisión de la Corte, el CPCCS ya había designado a Roberto Romero von Buchwald como nuevo titular de la institución en reemplazo de González.

Pasaron las semanas y una nueva mayoría de consejeros cercanos al correísmo se configuró en el pleno del organismo, la misma que el miércoles resolvió ratificar la designación de González como superintendente de Bancos por el periodo de cinco años desde su posesión en 2022, y decidió que Romero asumiría el cargo partir del 2027.

Tras el allanamiento, el CPCCS aseguró en un comunicado que daría todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones que realiza la Fiscalía. EFE