Ginebra, 22 ene (EFE).- El Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó este miércoles que Paraguay es responsable de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación militar hace cinco años contra el guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
El comité, cuyas decisiones no son vinculantes, investigó la muerte de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (unidad especial antiguerrilla) en septiembre de 2020, y argumentó que sus muertes constituyeron una grave violación del derecho a la vida.
"Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado", señaló el informe del comité de 18 expertos y juristas, hecho público este miércoles.
Las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú (departamento de Concepción), enterradas apresuradamente, y la justicia paraguaya exigió su exhumación tres días después, cuando se confirmó que eran más jóvenes de lo que las autoridades habían señalado inicialmente.
La autopsia "encontró heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado los proyectiles porque la ropa de las niñas estaba destrozada", relata el informe.
En su investigación, el comité presidido por la sudafricana Ann Marie Skelton entrevistó a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado parte tales como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El comité pidió a las autoridades paraguayas que concluyan la adecuada investigación de la muerte de las dos niñas, para lo cual podrían considerar la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos.
También recomendó al Estado parte que refuerce su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.
El Estado paraguayo, en respuesta al Comité, lamentó la pérdida de estas dos vidas pero rebatió las conclusiones en lo referente a acciones arbitrarias de las autoridades, alegando legítima defensa proporcionada por parte de las fuerzas de seguridad.
No obstante, reafirmó su compromiso a garantizar la justicia y la rendición de cuentas, así como con la lucha contra la delincuencia organizada. EFE
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