La Haya, 17 ene (EFE).- La ministra neerlandesa de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, anunció este viernes que permitirá al Servicio de Inmigración de Países Bajos la revocación de la residencia y la deportación de los menores refugiados que sean condenados por un delito grave contra el orden público.
Faber ha dicho que publicará, en un plazo de dos semanas, una circular de extranjería para incluir en las normas del Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), la posibilidad de que los menores refugiados que reciban una condena por un delito grave contra el orden público puedan perder su permiso de residencia y ser deportados de Países Bajos.
"Solo se tendrá en cuenta si se trata de un delito grave. No estoy hablando de robar un paquete de chuches, se trata de delitos graves: asesinato, homicidio, este tipo de cosas", aseguró Faber.
Los delitos contra el orden público incluyen incitación al odio, crímenes cibernéticos, participación en una organización terrorista y la violencia pública.
Bajo la regulación neerlandesa actual, los refugiados sólo pueden perder su estatus de asilo o ser rechazados si son condenados bajo las leyes para adultos -y no bajo la ley penal juvenil- y sólo si reciben al menos seis meses de prisión.
Pero la derecha radical quiere eliminar estas condiciones para que el IND tenga en cuenta cualquier condena por un delito grave al decidir revocar o denegar un permiso de residencia a un refugiado.
La ministra, que ya había dejado caer este posible cambio en diciembre, lo justificó hoy en un caso de finales de 2023 de violación grupal en la ciudad neerlandesa de Helmond, en el que cinco menores extranjeros no acompañados atacaron y violaron a una mujer sintecho. “Estoy muy harta de que no podamos revocar los permisos de asilo en estos casos”, afirmó Faber.
El pasado lunes, cuatro de ellos fueron condenados a 15 meses de detención juvenil, y el quinto recibió 4 meses de prisión por agresión sexual.
"Estamos trabajando para deportarlos. Ellos son la razón por la que estamos acelerando este proceso. Y también es una advertencia para otros de que no toleraremos esto de nuevo", subrayó Faber, que admitió desconocer la situación de los cinco jóvenes condenados por el crimen de Helmond, ni su país de origen, ni si tienen permiso de residencia legal en Países Bajos.
Al ser una decisión política, Faber asegura que no necesita la aprobación del Parlamento neerlandés para esto, lo hará “modificando las normas directamente”.
Esta ministra pertenece a un gobierno de coalición de cuatro partidos, tres de ellos grupos políticos de derechas y el cuarto, que tiene mayoría, es la derecha radical de Geert Wilders, quien no tiene personalmente ningún cargo en el gabinete.
El retorno de extranjeros condenados en Países Bajos por delitos graves ya tuvo una alta prioridad en 2024, y, según cifras generales, el 80 % (960 de los 1.220 casos) de estas personas abandonaron el país después de cumplir su condena. EFE
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