Nueva York, 16 ene (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en su informe anual que el Gobierno chino "intensificó la represión" en todo el país y que aumentó el control informativo en 2024 para consolidar su idea de que "no exista la libertad de expresión ni una sociedad civil independiente".
HRW, con sede en Nueva York, recuerda que el Gobierno chino "controla todos los canales de información" y que utiliza un 'Gran Cortafuegos' para "impedir a sus ciudadanos que accedan a información comúnmente disponible en Internet".
"También impone un control ideológico sobre el sistema educativo y, aunque hay autocensura, algunos escándalos llegan ocasionalmente al público general. Estos son rápidamente censurados", incide.
Asimismo, asegura que algunos temas antes tolerados "ahora están vetados". Uno de ellos, la ralentización económica que atraviesa el país: "El Gobierno ha prohibido debates sobre sus políticas económicas y penalizado a quienes las critican. En septiembre, un economista de la Academia China de Ciencias Sociales desapareció tras menospreciar en un grupo privado de la red social WeChat algunas de las medidas tomadas".
La organización denuncia que prosigue el acoso a críticos como la periodista ciudadana Zhang Zhan, que cumplió una condena de cuatro años por informar sobre la pandemia de la covid y que fue detenida de nuevo el año pasado por "crear disturbios".
"Mientras, los defensores de los derechos humanos siguen siendo acosados, torturados y encarcelados, así como sus familias. Algunos, como el abogado Gao Zhisheng y Peng Lifa -quien exhibió en público carteles contra el Gobierno- siguen desaparecidos", señala.
HRW destaca otros casos como los de la activista Li Qiaochu, condenada a cuatro años de cárcel por denunciar las condiciones de detención de su pareja, Xu Zhiyong; el de la periodista Huang Xueqin y el crítico Wang Jianbing, condenados a cinco años y tres años por "incitar a la subversión del poder estatal" tras participar en el movimiento #MeToo; o el del letrado Yu Wensheng y su esposa, Xu Yan, detenidos cuando se dirigían a la sede de la Unión Europea en China y posteriormente encarcelados.
La ONG también recuerda la detención de artistas como Chen Pinlin, que dirigió un documental sobre las protestas del 'cero covid', o de Gao Zhen, residente en EE.UU, por su trabajo crítico sobre el difunto líder Mao Zedong, "un tema del que se podía discutir abiertamente en China hasta hace poco".
Por otro lado, denuncia "discriminación de género" en un momento en que el Gobierno" ha pasado de restringir los nacimientos a instar a las mujeres a casarse", ya que el año pasado, un tribunal de Pekín rechazó la apelación final de Xu Zaozao, una mujer soltera, para congelar sus óvulos.
Asimismo, afirma que "si bien existe una creciente aceptación pública de la igualdad de derechos para las personas LGBT en China, el Gobierno ha incrementado la censura y cerrado espacios de ese colectivo".
Por otra parte, el organismo denuncia intentos de 'sinización' de las prácticas religiosas, con nuevas regulaciones para que los credos sean "leales al Partido Comunista (PCCh) y a Xi".
"Han intensificado la educación ideológica de los líderes religiosos, se han eliminado materiales 'no autorizados' y acosado o detenido a miembros de grupos no autorizados, incluyendo congregaciones católicas y protestantes que se niegan a unirse a las iglesias oficiales", agrega.
En cuanto al Tíbet, las autoridades siguen, según la ONG, "controlando exhaustivamente la información que llega a la región", a la que no pueden acceder los periodistas extranjeros acreditados en el país salvo en viajes organizados por el Gobierno.
"El Gobierno responde con represión a preocupaciones como las reubicaciones masivas, la degradación ambiental o la marginación de la lengua tibetana en la educación primaria. La información disponible sugiere que la mayoría de las detenciones en las zonas tibetanas fueron por publicar contenido no aprobado o por mantener contactos con tibetanos que viven fuera de China", indica.
Según HRW, Pekín cometió "crímenes contra la humanidad" contra los uigures y otros musulmanes en Xinjiang, incluyendo "detenciones arbitrarias, torturas, vigilancia masiva, trabajos forzados, persecución cultural y religiosa y separación familiar".
China niega tales abusos mientras HRW destaca "los desafíos para monitorear la situación debido al acceso limitado a la información y el temor a represalias".
"Se estima que medio millón de personas han sido condenadas a largas penas de prisión sin el debido proceso. Muchas siguen encarceladas", entre ellas el académico uigur Ilham Tohti, que lleva una década en prisión como parte de su "injusta cadena perpetua por 'separatismo'". EFE
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