
La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a "determinados sectores del sistema judicial" de "oponerse" a las leyes feministas, tras conocerse este viernes que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada se ha inhibido del caso de Juana Rivas, así como de adoptar medidas de protección para el hijo menor de la mujer.
"Es que esto es lo que refleja muy bien que hay determinados sectores del sistema judicial que se oponen a las leyes feministas y que se oponen a la necesaria protección que los sistemas de Justicia tienen que garantizar a las mujeres y a la infancia frente a la violencia machista", ha asegurado Irene Montero este viernes en una entrevista a Canal Red recogida por Europa Press.
De este modo, el juzgado de Violencia ha devuelto así el procedimiento al Juzgado de Instrucción 4 de Granada al considerar que no es competente en este causa, si bien las medidas cautelares adoptadas por este último el pasado martes, en funciones de guardia, se mantienen y el menor permanecerá en España hasta que el asunto se resuelva.
En este sentido, Montero ha recalcado que, la aprobación de la ley del solo sí es sí, que "permite proteger de forma integral a todas las mujeres víctimas de violencias sexuales", desató una "ofensiva judicial reaccionaria y machista". También ha destacado la situación de las "madres protectoras", que "tienen una especial inquina, un señalamiento y una criminalización especial".
"Hay sectores del sector judicial, la más machista, la más reaccionaria, que se niega a que el sistema de justicia proteja a las víctimas de violencia machista y proteja a la infancia que también es víctima directa de esa violencia machista y que se opone a las leyes feministas", ha afirmado.
Igualmente, Montero ha indicado que proteger a todas las mujeres y a la infancia frente a la violencia machista "no es una opción" y que "hay que hacerlo". "Sí, hay jueces que están haciendo política y hay sectores del Poder Judicial que están haciendo política contra las leyes feministas, pero hay una obligación legal de todas las instituciones del Estado español de proteger y de garantizar los derechos de todas las víctimas de violencia machista, de las mujeres y de la infancia. Y esto es importante, porque cada vez que se toma una decisión que expone a las mujeres o a la infancia a esa violencia, es una decisión también contraria a la ley", ha subrayado.
En cuanto a la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada de inhibirse del caso de Juana Rivas, la eurodiputada de Podemos ha dicho que la jueza está "fuera de la ley" y que no está tomando en consideración el apartado 4 del artículo 1 de la ley de medidas integrales para garantizar la protección de todas las mujeres y la infancia frente a la violencia de género.
En esta misma línea, ha explicado que esta decisión no obliga a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, a volver a Italia, pero que "le complica las cosas a un niño que el Estado español tiene obligación de proteger y del que además las instituciones españolas conocen y reconocen el grave riesgo al que estaría expuesto si vuelve con su padre maltratador a convivir a Italia".
También ha criticado que la jueza esté dando una "batalla política" en torno a la consideración o no de la violencia vicaria como una forma de violencia machista y como una forma de violencia de género. "Comprobamos que en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, generando una violencia institucional absolutamente insoportable, cuando las mujeres recurren a la justicia, al sistema de justicia, para protegerse a sí mismas y sobre todo para proteger a sus hijos frente a la violencia machista, lo que reciben es decisiones judiciales que las desprotegen, que las ponen en riesgo, a ellas, a sus hijos e hijas, y también decisiones judiciales que incluso muchas veces están fuera de la ley, porque la ley en España es muy garantista", ha lamentado.
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