Madrid, 8 ene (EFE).- Cerca de 30 apartamentos de una urbanización de lujo de Madrid han sido usurpados por familias peruanas que accedieron a ellos después de abonar entre 2.000 y 2.500 euros por las viviendas supuestamente a un clan familiar que no es el propietario.
La finca está situada en el distrito de Carabanchel (sur) y el pago se efectuó antes de Navidad, según dio a conocer el periódico El Mundo.
Informaciones de algunos medios apuntan que se trataría de contratos de alquiler fraudulentos, incluida una fianza que debieron abonar para entrar en las casas, y por tanto sería una estafa, según testimonios de los ocupantes.
A pesar de que la empresa Vivenio, dueña del inmueble, ha implementado múltiples medidas para desalojar a los ocupantes, como la interrupción del funcionamiento de dos de los tres ascensores, no ha tenido éxito.
Los okupas (personas que se instalan en una vivienda deshabitada sin consentimiento del propietario) han logrado establecer su propio sistema de control interno, con un conserje que facilita el acceso desde dentro.
La urbanización afectada dispone de unas 170 viviendas y áticos, además de aerotermia, gimnasio, piscina, pista de pádel, zona gastronómica exterior, trasteros, área infantil, conserje y cargadores eléctricos.
Sin embargo, los okupas carecen de agua caliente y calefacción, aunque disponen de electricidad y agua fría.
Los vecinos de la zona denuncian problemas de convivencia, como fiestas y peleas, que han generado un ambiente de inseguridad, y temen que la situación pueda derivar en actividades ilegales, como tráfico de drogas o negocios clandestinos.
En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó la gravedad del problema, afirmando que aquellos que aseguran que en España no hay un problema de ocupación deberían visitar el barrio y hablar con los residentes.
A su juicio, el asunto no solo se debe tratar desde el punto de vista de la propiedad privada, sino también desde la perspectiva de la convivencia vecinal.
"Cuando se tiene una vivienda ocupada al lado, los vecinos deben afrontar dificultades, incomodidades e incluso peligros. Esto no se puede frivolizar", señaló.
Además, insistió en la necesidad de cambiar la normativa para permitir la expulsión de los okupas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
"No puede ser que ahora tengamos hasta un portero que abre la puerta a los ocupantes ilegales. Desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, pero necesitamos una legislación más eficiente", apuntó el acalde.
En algunos casos, las mafias se dedican a facilitar a terceros, a veces personas de recursos escasos, la ocupación de viviendas y otros inmuebles vacíos de bancos, fondos de inversión o empresas.
En otros, los inquilinos con contrato de alquiler legal y en vigor dejan de pagar la mensualidad a los propietarios. EFE
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