El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha negado este lunes que las autoridades del país hayan "participado en ninguna desaparición forzada" después de que la Justicia ecuatoriana ordenase prisión preventiva contra 16 militares presuntamente implicados en la muerte de cuatro jóvenes desaparecidos durante una operación del Ejército en el barrio Las Malvinas de Guayaquil a principios de diciembre de 2024.
En un discurso retransmitido en Cadena Nacional, el ministro ha asegurado que "no ha habido participación de la institución en ninguna desaparición forzada" y que en su cartera se actúa con "respeto absoluto a los Derechos Humanos".
"Todo acto denunciado en donde pudiera haber existido algún tipo de participación de algún agente estatal del orden jamás quedará en la impunidad por acción u omisión del Gobierno Nacional", ha declarado.
Durante su intervención, el ministro ha defendido la actuación del Ejército una vez se tuvo conocimiento de la muerte de los cuatro jóvenes, de entre once y 15 años, cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados la semana pasada por la Fiscalía, y ha pedido a los ciudadanos que confíen en la institución.
"Las Fuerzas Armadas actuaron como correspondía para garantizar la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos en este caso", ha reiterado, al tiempo que ha anunciado un procedimiento para emitir una "sanción administrativa dentro de la justicia militar" a los 16 efectivos en prisión preventiva por su presunta implicación en los hechos.
La Justicia ecuatoriana tomó esta decisión alegando que los militares habían incurrido presuntamente en un delito de desaparición forzada en virtud del artículo 84 del Código Penal, un proceso que Loffredo ha calificado de "absurdo e injusto".
Así, ha acusado a la jueza de llevar a cabo una "persecución política" al haber llamado a declarar a "autoridades con claros fines políticos" como la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, por lo que ha prometido que llegarán "hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación".
El ministro ha aprovechado para dar las condolencias a las familias de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, como de sus amigos, Nehemías Arboleda y Steven Medina, cuyos cadáveres se encontraron calcinados a mediados de diciembre cerca de la base área del Ejército en Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil.
El caso ha vuelto a poner en cuestión la militarización del Estado por parte de el presidente Daniel Noboa, quien decretó el estado de conflicto armado interno en enero de 2024 para combatir al crimen organizado. Desde entonces, el Ejército se ha visto involucrado en al menos diez desapariciones.
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