Lisboa, 6 ene (EFE).- Una iniciativa ciudadana ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de Portugal para denunciar una redada policial ocurrida hace casi tres semanas en Lisboa que dejó imágenes de decenas de migrantes contra la pared para ser registrados por los agentes.
La carta, impulsada por la asociación barrial Renovar A Mouraria, ha sido firmada por cerca de 600 personas físicas y colectivas, que denuncian que se trató de una operación "desproporcionada y lesiva de principios fundamentales del Estado de Derecho".
Los firmantes también pidieron a la Defensora del Pueblo, Maria Lúcia Amaral, que revise la legitimidad y proporcionalidad del despliegue.
"Poner a ciudadanos contra la pared de forma ostensiva, sin indicación de sospechas concretas de su implicación en delitos, y adoptando procedimientos invasivos, resulta una actuación innecesaria y humillante", indicaron en la declaración, publicada en redes sociales.
Señalaron que la forma en la que fue desarrollada la operación "hiere el principio de proporcionalidad" previsto en la Constitución lusa, así como "los derechos fundamentales a la dignidad de la persona humana y la presunción de inocencia".
Según su criterio, esta intervención "refuerza un sentimiento de ostracismo de las comunidades afectadas y atenta contra su dignidad" y presenta "serias dudas" sobre la equidad en el trato a los ciudadanos en función de su origen.
Asimismo, "contraría" los valores democráticos y republicanos y crea un "ambiente de desconfianza" entre la población y las fuerzas de seguridad.
Por ello, los firmantes pidieron a la Defensora "una reflexión profunda y la adopción de medidas para garantizar que, en el futuro, sean evitadas prácticas desproporcionadas y lesivas de derechos fundamentales como esta".
La redada, desarrollada por la Policía de Seguridad Pública (PSP), tuvo lugar el pasado 19 de diciembre en las proximidades de la plaza de Martim Moniz de Lisboa, en concreto en la calle do Benformoso, con una importante población migrante, procedente en su mayoría de Asia.
Como resultado, los agentes detuvieron a dos ciudadanos portugueses, uno por posesión de "un arma prohibida" y estupefacientes y otro sospechoso de ocho robos.
La operación ha sido criticada por varios partidos políticos, como los socialistas, el ecologista Livre y el Bloco de Esquerda, y por grupos promigrantes; y la Inspección General de la Administración Interna (IGAI) ha anunciado una investigación.
Por otro lado, el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó la semana pasada que está "atónito" y "muy perplejo" por las críticas recibidas al considerar que fueron acciones de naturaleza preventiva en contextos localizados. EFE
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