Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Movimientos de Derechos Humanos hicieron este viernes un "abrazo solidario" en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, sede de la Secretaría de DDHH, para repudiar los despidos y el desmantelamiento de las políticas públicas de ese organismo por parte del gobierno de Javier Milei.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el Ministerio de Justicia planea despedir a unas 400 personas desde enero próximo y reducir así a la mitad la dotación de la Secretaría de DDHH -que tiene su sede en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros de detención ilegal y tortura en dictadura (1976-1983)-.
"Estamos muy preocupados por la situación de los trabajadores que sostienen las políticas públicas de la Secretaría de DDHH. Están despidiendo trabajadores de manera masiva en cada una de sus modalidades de contratación y eso lo que hace es peligrar (las políticas públicas)", dijo a EFE Nana González, delegada de ATE en el Ministerio de Justicia y trabajadora de la Secretaría de DDHH.
Las Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron a la protesta al anunciar este viernes que encontraron al "nieto 138" apropiado ilegalmente durante la última dictadura militar argentina, al señalar que los organismos que integran la Secretaría de DDHH "fueron instrumentos indispensables" para resolver este caso y que la secretaría "se encuentra atravesando uno de los ajustes más brutales con la reducción de su personal a partir de un plan de desmantelamiento".
Para la delegada de ATE, "es una necesidad visibilizar esto, pero fundamentalmente mostrarle al pueblo argentino lo que está pasando", para "entender que como Estado argentino tenemos que seguir sosteniendo las políticas de 'memoria, verdad y justicia' y de derechos humanos de este país".
Los organismos de DDHH acusan al gobierno de Milei de tener una postura negacionista de los crímenes cometidos por la dictadura militar y de querer instalar la llamada 'teoría de los dos demonios', que equipara a los militares con la guerrilla.
"Para contraponer a eso, lo que queremos los trabajadores es que se entienda que el Estado argentino en los últimos 20 años tuvo una política de 'memoria, verdad y justicia' que tiene que ver con el juzgamiento de los crímenes de la dictadura" y "eso es lo que estamos defendiendo los trabajadores y eso es lo que estamos queriendo que tenga continuidad", dijo González.
El Juicio a las Juntas de 1985 condenó a los mayores jefes de la dictadura, pero los procesos abiertos para juzgar a mandos inferiores fueron interrumpidos por dos leyes aprobadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), "Obediencia Debida" y "Punto Final".
Carlos Menem (1989-1999) indultó a militares, entre ellos la cúpula del régimen, y a los líderes de las guerrillas de izquierda, pero en 2005, durante el Ejecutivo de Néstor Kirchner (2003-2007), la Corte Suprema declaró inconstitucionales esas leyes y se retomaron los juicios por los crímenes de la dictadura. EFE
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