San Salvador, 26 dic (EFE).- La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una organización comunitaria, lamentó este jueves la falta de justicia en los asesinatos de dos ambientalistas y un menor de edad ocurridos en diciembre de 2009.
ADES recordó, en un hilo de mensajes en X, que "este mes se conmemora el XV aniversario del asesinato del ambientalista Ramiro Rivera, de la ambientalista Dora Sorto" y de un menor identificado como Emmanuel.
"Fueron defensores de la tierra, el agua y la vida ante la amenaza que representaban los proyectos mineros. Su lucha brindó fuerza al movimiento ambiental para impulsar la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en 2017", indicó la organización.
Apuntó que, "Hasta este día, lamentablemente no se ha hecho justicia por sus asesinatos, demostrando el débil sistema judicial que tiene El Salvador".
"Ahora, cuando nuestras autoridades retroceden en la victoria de la defensa por el agua, el territorio y la vida, aprobando la Ley General de Minería Metálica, debemos continuar con el legado, honrando su memoria y exigiendo: El cese de todo intento de reactivar la minería metálica, que significará la muerte de la población y el territorio salvadoreño", añadió.
Sorto y Rivera eran miembros del Comité Ambiental del departamento central de Cabañas, fueron asesinados en diciembre 2009 y en su lucha se oponían a proyectos de explotación minera.
La conmemoración de estos asesinatos se da en momentos de rechazo de algunos sectores de la sociedad salvadoreña a una ley aprobada el lunes por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, que permitirá la exploración y explotación minera en el país centroamericano, tras siete años de prohibición.
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se dio a pesar del rechazo de ambientalista, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También se estaría afectando la cuenta del río Lempa que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".EFE
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