La FAPE denuncia el intento de vulnerar el secreto profesional de seis periodistas en el caso González Amador

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera que la petición realizada por el empresario Alberto González Amador al Tribunal Supremo de que investigue las comunicaciones de seis periodistas es "un atentado contra el secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, que incluye el derecho a no revelar las fuentes".

Así lo ha denunciado este jueves la Federación, que ha añadido que espera que la alta institución "haga caso omiso de la solicitud que, en caso de aceptarla, plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes".

La FAPE ha detallado que González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Supremo que, además, ordene a las compañías telefónicas conservar los registros de llamadas, conexiones digitales y las ubicaciones durante los últimos diez meses. "También quiere que la Guardia Civil averigüe si los periodistas disponían de fuentes en la Fiscalía y ordene a la Unidad Central Operativa volver a inspeccionar los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para que informe si alguno de los dos mantiene cualquier tipo de comunicación con los periodistas", ha añadido.

La petición, que afecta a cuatro periodistas de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER, se enmarca en la causa por revelación de secretos que un juez del Supremo dirige contra el fiscal general y el fiscal jefe de Madrid. El Supremo investiga la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía que desmentía el bulo difundido acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión.

La FAPE, "sin entrar en labores propias de la justicia", ha insistido en que las pretensiones del empresario "vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información" y ha rechazado "cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas".