Madrid, 20 dic (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional pidió al Tribunal Supremo español que abra una investigación a Luis Pérez Fernández, Alvise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado.
En su exposición razonada al Supremo, el magistrado José Luis Calama atribuye a Alvise un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo con la agrupación ultraderechista 'Se acabó la fiesta' (SALF).
El juez considera que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal, y pide también que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta, al apreciar una "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, "la cara y cruz de una misma moneda".
Alvise, habitual en círculos próximos a la extrema derecha, está envuelto en la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, un 'club de inversiones' que prometía alta rentabilidad para sus socios a cambio de una cuota mínima de 2.000 euros anuales, al frente del cual estaba Romillo.
El instructor considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal, delito que se entiende consumado con la mera conducta sin necesidad de que se dé el resultado.
"No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino el solo hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión", concluye.
Para el juez, la conducta de Alvise también sería constitutiva de un delito electoral que consiste "en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político, y a la correcta conformación y manifestación de la voluntad popular".
El falseamiento de las cuentas –prosigue– "oculta la financiación ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiación de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado", apunta.
Antes de dirigirse al Supremo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ofreció a Alvise la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante él y, si bien en un principio hizo creer que accedía a ello, finalmente no se presentó y declinó el ofrecimiento.
En las últimas elecciones europeas, 'Se acabó la fiesta' superó todos los pronósticos y consiguió tres escaños para el Parlamento Europeo, al que Alvise llegó con la promesa de "reventar el sistema" y con un bagaje reconocido en la difusión de bulos y desinformación sobre políticos, que ha seguido alimentando desde entonces. EFE
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