
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prevé presentar antes de que acabe marzo de 2025 su propuesta legislativa para reformar la directiva de retorno, una iniciativa que incluirá, según ha informado a los líderes de la UE en una carta, las "soluciones innovadoras" discutidas a Veintisiete que ponen el foco en el establecimiento de centros de deportación en países terceros para trasladar a los migrantes en situación irregular mientras se resuelve su expediente de expulsión.
"Un marco legislativo más sólido será una de las principales propuestas del nuevo Colegio y se presentará antes del Consejo Europeo de marzo una propuesta para un nuevo enfoque común sobre retornos", ha confirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en su escrito enviado a las capitales a dos días de una nueva cumbre de líderes de la UE en Bruselas.
La jefa del Ejecutivo comunitario confirma así que sus servicios exploran la "mejor manera de introducir en el marco jurídico" el establecimiento de los 'hubs' en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, "respetando al mismo tiempo los Derechos fundamentales".
Además, ha explicado Von der Leyen, la propuesta abordará tanto los "derechos como las obligaciones" de los deportados, el modo de incentivar la cooperación de los retornados "dejando claro las consecuencias de la no colaboración" y tratará también las "lagunas" entre las decisiones de expulsión y las expulsiones que llegan a llevarse a cabo.
La política alemana apunta que el nuevo comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya ha iniciado las "consultas" con los Estados miembro, el Parlamento Europeo y otros actores relevantes para garantizar que la reforma que ponga Bruselas sobre la mesa "responde plenamente" a las necesidades sobre el terreno y se basa en una "sólida base empírica".
"El objetivo es simplificar, agilizar y hacer más eficiente el proceso de retorno, para que esté a la altura de los nuevos estándares del proceso de asilo simplificado en virtud del Pacto (de Migración)", ha defendido Von der Leyen en su carta, recogida por Europa Press.
Aunque en la carta no detalla los elementos que compondrán la propuesta, en un documento adjunto los servicios comunitarios sí apuntan que el nuevo enfoque "tendrá en cuenta las reflexiones sobre soluciones innovadoras" discutidas por los países de la UE a distintos niveles, que es el modo en que los 27 se refieren a establecimiento de centros fuera del territorio comunitario en donde retener a los migrantes que no tienen derecho a protección internacional mientras se resuelve su expulsión. La propuesta también planteará cambios para procedimientos simplificados, la obligación de cooperar y el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno".
ESPAÑA RECHAZA LOS 'HUBS'
Los centros de deportación o 'hubs' en terceros países a imagen del que la primera ministra italiana, Girogia Meloni, trató de poner en marcha en Albania no gusta a España, que insiste en centrar los esfuerzos de la UE en otras medidas como una mayor cooperación con los países de origen y tránsito y el refuerzo de los controles en la frontera.
"La política migratoria de España es evidentemente otra y trabajamos poniendo siempre poniendo en el centro los Derechos Humanos y el respeto máximo de la legislación internacional", dijo hace pocos días el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a preguntas de la prensa en Bruselas.
Marlaska recordó entonces que, "cada vez que ha habido un intento de soluciones innovadoras que restrinjan derechos, (el plan) ha recibido un tirón de orejas por parte de la legislación internacional", como ocurrió con el proyecto italiano en Albania o el caso de Reino Unido con Ruanda.
En todo caso, Von der Leyen defiende en su carta a los líderes que sus servicios han explorado "formas innovadoras de combatir la migración ilegal siguiendo las prioridades señaladas por los Estados miembro" y los debates a 27 sobre "el desarrollo del concepto de centros de retorno en terceros países".
"Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros", ha indicado la conservadora alemana, quien añade la voluntad de "examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras de dichos centros, respetando al mismo tiempo los Derechos Fundamentales y el principio de no realizar devoluciones en caliente".
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