El expresidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este martes ser una "víctima" del presidente Luis Arce, quien pretendería entregarle como "trofeo de guerra a Estados Unidos", un día después de que la Fiscalía haya formalizado su imputación y solicitado su detención por un delito de trata de seres humanos.
Morales dice que está bajo un "brutal" lawfare, al igual que otros "muchos presidentes" de izquierda de América Latina. "Se inventan delitos en mi contra; no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente", ha denunciado.
"No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado. El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo", ha dicho en un mensaje a través de su cuenta de X.
Morales ha puesto en valor que durante su mandato no permitiera las intromisiones "del imperio norteamericano", destacando incluso "haber expulsado al embajador de Estados Unidos y a sus agencias saqueadoras y represoras".
Además, ha acusado al Gobierno de no sólo buscar su fin político y moralmente", sino también de querer acabar con su vida. "Por eso intentaron envenenarme y matarme", ha asegurado.
Una vez las autoridades den con él, la Fiscalía de Bolivia tiene previsto solicitar seis meses de prisión preventiva. Morales ha sido denunciado por una relación que mantuvo en 2015 con una menor de edad, también en paradero desconocido, fruto de la cual nació un niña.
Los progenitores de la entonces menor están acusados también de tráfico de seres humanos, ya que habrían consentido la relación a cambio de favores políticos. Se ha solicitado la detención de la madre de ella, el padre está en prisión desde octubre, y al igual que a Morales, se le ha activado la alerta migratoria.
Mientras, el Gobierno ha informado de que "existe una barrera" de simpatizantes de Morales que entorpecen las labores de la Policía para su arresto. "Se encuentran en las inmediaciones de Lauca Ñ con la intención de impedir que se cumpla la orden judicial", ha contado el viceministro del Interior, Jhonny Aguilera.
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