La Presidencia de Perú ha rechazado este domingo "cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas" por la presidenta, Dina Boluarte, entre el 26 de junio y el 10 de julio de 2023, período en que se sometió a una cirugía, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación en su contra por presunto abandono del cargo y omisión de funciones al no haber informado al Consejo de Ministros de dicha intervención quirúrgica.
"Resulta necesario aclarar que las normas suscritas en el periodo del 26 de junio al 10 de julio del 2023 por la señora presidenta de la República han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes de Perú. Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas por la señora presidenta", ha señalado en un comunicado difundido en la red social X.
La Oficina de la Presidencia peruana ha señalado que las acusaciones "carecen de fundamento" y solo pretenden "desestabilizar al Gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país", mientras ha aprovechado para defender el trabajo "incansable" y el "absoluto compromiso" con la democracia y el Estado de derecho de la dirigente.
"Reafirmamos, por tanto, que todas las normas rubricadas por la señora presidenta Boluarte son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido", ha agregado.
Estas palabras siguen la línea de las declaraciones de Boluarte el pasado viernes, en las que defendió que en ningún momento estuvo "incapacitada" para seguir ejerciendo las funciones propias de la jefatura de Estado, recordando que durante ese periodo suscribió más de 90 normas.
Boluarte retó además a la Fiscalía a citarla, asegurando que demostrará con pruebas que no incurrió en irregularidad alguna en relación a una operación que, según aseguró, era "necesaria" para poder respirar mejor.
La Fiscalía peruana abrió a principios de diciembre una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de funciones al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso una intervención quirúrgica a la que se sometió en 2023.
El organismo tomó esta decisión después de que el ex primer ministro peruano Alberto Otárola, que ocupaba el cargo en ese lapso de tiempo, confirmara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Boluarte se sometió a una operación estética, si bien declaró que no hubo vacío de poder.
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