Bruselas, 16 dic (EFE).- La Comisión Europea mantuvo este lunes congelados unos 22.000 millones de euros en fondos europeos asignados a Hungría por considerar que las medidas adoptadas por Budapest para atajar sus problemas con el Estado de derecho no son suficientes.
En 2022, la Unión Europea decidió suspender el pago del 55 % de los fondos de cohesión asignados a Hungría por infringir los principios del Estado de derecho en áreas como las licitaciones públicas, la acción fiscal, los conflictos de interés, la lucha contra la corrupción y los fondos fiduciarios de interés público.
A esta medida, que hace que sigan bloqueados 11.700 millones de euros en fondos regionales, se le sumó la prohibición de que la Comisión firmase nuevos compromisos presupuestarios con fondos de interés público húngaros y entidades mantenidas por estos.
Hungría enmendó a principios de mes su legislación relativa a estas entidades y, en consecuencia, pidió a Bruselas que eliminase esta última restricción, pero la Comisión Europea considera que las enmiendas "no abordan adecuadamente las preocupaciones pendientes sobre los conflictos de interés en las juntas de los fondos de interés público", según informó la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario decidió por tanto mantener en vigor esta medida y recordó que ya ha explicado "claramente" a Budapest qué adaptaciones de la ley serían suficientes para remediar la situación.
Además, seguirá vigente la congelación de los 11.700 millones en fondos de cohesión puesto que las autoridades húngaras no han notificado ninguna medida destinada a paliar los problemas a los que están vinculados.
Bruselas descongeló 10.200 millones de euros en fondos de cohesión a finales de 2023 después de que Hungría adoptase reformas para mejorar la independencia de su sistema judicial.
Pero los 11.700 millones de euros que siguen bloqueados están vinculados a cuestiones como la libertad académica, la ley sobre protección de la infancia -que la Comisión considera dirigida contra el colectivo LGTBI y ha llevado a los tribunales – y las restricciones del acceso al asilo.
Además, 6.300 millones de euros de estos fondos de cohesión están congelados por partida doble a través del mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho que busca proteger los intereses financieros de la Unión.
Para cerrar este procedimiento paralelo, la Comisión exige a las autoridades húngaras, además de completar la reforma para garantizar la independencia judicial, otras medidas para combatir la corrupción y los conflictos de intereses y garantizar la transparencia en licitaciones de contratación pública.
A todo esto se suman los fondos que Hungría tiene disponibles en virtud de su plan nacional de recuperación (10.400 millones de euros) puesto que para recibirlos debe cumplir no solo con las cuatro condiciones ligadas a la independencia judicial, sino también con otros 23 hitos y objetivos relativos al Estado de derecho.
Con ello, el total de fondos congelados a Hungría por deficiencias en el Estado de Derecho asciende a unos 22.000 millones de euros. EFE
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