El Gobierno de Argentina ha aprobado este martes un decreto en virtud del que se prohíben la simbología o referencias a personas que puedan interpretarse como "propaganda política partidaria" en edificios públicos, oficinas o bienes que sean propiedad del Estado.
En concreto, el texto estipula la prohibición de "exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política".
El decreto incluye un segundo artículo en el que se destaca que no se podrá denominar ningún bien público con el nombra de personalidades políticas antes de que hayan transcurrido al menos diez años de su fallecimiento o de los acontecimientos que se pretendan honrar.
"Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como autoridades nacionales, provinciales o municipales mediante actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático", añade el texto, recogido por 'Clarín'.
Asimismo, los funcionarios públicos, sin importar su rango, estarán impedidos de utilizar recursos o bienes del Estado con la finalidad de "promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal".
Las autoridades argentinas han habilitado un apartado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para que la ciudadanía pueda denunciar el incumplimiento de alguna de estas normas, que constituiría una infracción grave en el ejercicio de la función pública, aunque sin sanción administrativa, patrimonial ni penal.
El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que este mismo martes cumple un año en el cargo, ha impulsado ya varios procesos de "reordenamiento en los espacios públicos", como la retirada de fotografías y bustos de la ex primera dama Eva Perón de las sedes del Ministerio de Capital Humano.
También en noviembre se retiró el busto del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) de las oficinas centrales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en Ciudad de Buenos Aires; así como un mural del exmandatario que adornaba la sede del Correo Argentino, también en la capital.
"Los recursos y bienes del Estado Nacional son públicos y deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva", argumentó entonces el Gobierno, mientras que desde el Ministerio de Capital Humano subrayaron que "los edificios públicos son de todos".
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